A casi dos semanas de la cuarentena total decretada a raíz por la emergencia sanitaria del coronavirus, los trabajadores en salud, los efectivos de las FFAA y de la Policía Nacional cumplen heroicas funciones a tiempo completo y el Gobierno realiza grandes esfuerzos, junto a una población recluida en sus hogares, para evitar la propagación del virus.

Pero cuando se creía que la contención de la pandemia era de interés de todos los bolivianos, aparecen marchas masivas con la consigna de sostenerse a cualquier costo. El motivo es lo de menos. Empiezan pidiendo se les permita trabajar para llevar alimento a los hogares y cuando el Gobierno dota de bonos para paliar esa necesidad, protestan contra la forma de asignación de ese beneficio.

Y surgen demandas inimaginables, como la del delegado del penal de San Sebastián que alega hacinamiento para pedir la liberación de grupos de internos. Si bien es cierto que la crisis puede generar el incremento de exigencias sectoriales, el riesgo mayor es que éstas sean capitalizadas, para fines político-partidarios, por grupos oportunistas que apuestan por inviabilizar cualquier solución y socavar al Gobierno.

Se trata de los mismos grupos afines al MAS que fueron útiles o al menos funcionales a los objetivos terroristas registrados en octubre pasado, y que hoy intentan aprovechar la crisis atacando a la presidenta del Estado, a quien califican de “autoproclamada” para deslegitimar su autoridad y generar caos.

Lo cierto y evidente es que estos grupos conocen la debilidad del Gobierno, más allá de la crisis sanitaria. Saben que la sucesión constitucional que llevó a Jeanine Áñez a la presidencia de un Gobierno de transición, legalmente constituido reconocido y respaldado por la mayoría ciudadana que el 21F dijo “no” al continuismo, y que gritó “basta y fuera” al fraude electoral y a sus autores. Pero saben también que el anuncio de la candidatura de la Presidente para las elecciones 2020 ha escindido ese apoyo mayoritario y monolítico, en dos posturas coexistentes en relación a la dualidad Presidenta-candidata, que se marca más al evidenciar que esa decisión sólo dispersó la intención del voto.

Pero está claro que, a diferencia de la intencionalidad destructiva del MAS, la postura crítica no cuestiona la calidad del Gobierno ni la forma de asunción al poder de Jeanine Áñez. Esa postura esgrime argumentos éticos, los mismos con los que criticó la candidatura de Evo Morales, y sólo espera que la presidenta Áñez honre su misión histórica, reasuma su dedicación exclusiva al Gobierno de transición, se libere de la presión por mantener popularidad electoral y recupere ese apoyo mayoritario, inquebrantable y resistente a toda amenaza que ponga en riesgo a su Gobierno.

Y es que la línea divisoria entre gestión y campaña es prácticamente invisible, por eso subyacen acerca de todas las decisiones gubernamentales las dudas razonables de subordinación a cálculos político-electorales u otras dudas mucho menos honrosas sobre el proceso electoral próximo. Es toda una batería de elementos perjudiciales originados por esa dualidad, que disminuyen cada vez más el apoyo al Gobierno; merma muy esperada y aprovechada por los intereses desestabilizadores que pretenden la renuncia de Áñez a la presidencia, para así, dar rienda suelta a sus trasnochados delirios de retorno al poder, junto a su caudillo.

La autora es politóloga