La Nación Monkoxi de Lomerío, investida en 2004 como el primer municipio indígena y originario del país, se ha declarado enSituación de emergencia sanitariaen todo el territorio y prohíbe, por iniciativa propia, la entrada o salida de personas con trancas en las vías de acceso a fin de evitar el ingreso del coronavirus.

Las autoridades están haciendo acatar la cuarentena dictada por el Gobierno con sus propios procedimientos y mecanismos de control, obligados por el incontenible avance de la pandemia del coronavirus que ya toca sus límites, pues Concepción, uno de los municipios colindantes tiene casos de contagios con el Covid-19|.

Y es que esta remota región indígena, así como fue declaradaRiqueza y Patrimonio Cultural Natural Tangible e Intangible de Bolivia, al mismo tiempo es uno de los municipios más pobres del país, pues no cuenta con centros médicos equipados para esta emergencia y no conoce policías, peor militares que hagan cumplir las normas.

“El pueblo está cerrado, salvaguardando la salud de los habitantes, si no controlamos, no tenemos ni un hospital con condiciones para atender a pacientes con coronavirus si es que los hubiera. Por eso hemos tomado la decisión de no dejar salir ni entrar a la gente”, expresó Ignacio Soriocó, alcalde de San Antonio de Lomerío.

Por esta razón, su dirigencia se unió al sentir de otras organizaciones indígenas de la Amazonía y Chaco ayer martes, en un pronunciamiento conjunto, exigieron a la presidenta Jeanine Áñez coordinar con ellos las acciones contra el coronavirus.

Es así que la Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (Cpemb), la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (Cicol), la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isoboro Sécure (Tipnis)solicitaron al Gobierno nacional coordinar con ellos las medidas que se adopten para evitar la propagación del virus en sus territorios, pues consideran que son los más vulnerables ante la pandemia.

“En la propuesta que hace el Gobierno, la presidenta no menciona un apoyo directo a los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que somos los más vulnerables a la enfermedad.Demandamos al Gobierno la protección porque no contamos con policías ni militares; pedimos insumos y equipos de bioseguridad para los médicos. En el caso de que se contagie una persona, ellos no la van atender, porque no tienen la protección necesaria”, manifestó Elmar Masay Soquere, cacique general de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (Cicol).

Sin logística para cobrar bonos

A decir del cacique, algunos productos empiezan a escasear y las bases están exigiendo ver cómo va a gestionar el abastecimiento, aunque el alcalde de San Antonio aseguró que se está dando permiso a los que tienen transporte para adquirir víveres en Cuatro Cañadas.

Lo que consideran que se puede complicar es el pago de los Bs 400 de la canasta familiar que la presidenta ha decretado que desembolsará para los sectores más empobrecidos.

“La presidenta ha dicho que desde el viernes pagará los Bs 400, pero acá no tenemos banco para cobrarlos. Nos vamos a poder acceder tan fácilmente a ese beneficio, considerando las restricciones. Otra cosa, los ancianos no están cobrando la Renta Dignidad porque no tienen dónde ir a cobrar. A Concepción son 100 km de distancia y a Cuatro Cañadas son 130 km.Además, esta última lluvia dejó intransitables algunos tramos del camino, porque las quebradas se han llevado puentes. Estamos totalmente aislados”, aseguró Masay.

Pronunciamiento de los pueblos originarios

En pasados días, el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) y la Organización de Apoyo Legal y Social (ORÉ) también emitieron una propuesta de ocho puntos al Gobierno nacional, demandando atención especial para los pueblos indígenas por la situación de alta vulnerabilidad en la que se encuentran.

La propuesta del Cejis y ORÉ, entre otras, recordó al Gobierno que en el país el 48,3% de la población es indígena, por lo que plantea la coordinación estrecha con las instancias de representación indígena para la gestión de ayuda humanitaria, una reglamentación especial para garantizar la distribución de la canasta familiar a las comunidades indígenas, el establecimiento de canales de comunicación entre los centros de salud y los territorios indígenas ypara el monitoreo de enfermos de coronavirus y su evolución en las comunidades; además de la emisión de mensajes informativos en lenguas indígenas.

Hasta el martes 31 de marzo, el número de personas infectadas en Bolivia alcanzó a 115, 35 casos sospechosos y siete fallecidos. A la fecha no se tiene información sobre el contagio de coronavirus en los más de 90 territorios indígenas en el país.

EL DEBER intentó, vía telefónica, obtener la palabra del Gobierno sobre este tema, pero no fue posible. El delegado presidencial en Santa Cruz, el ministro Wilfredo Rojo, se encontraba ocupado.