El gobierno de Evo Morales se mantuvo en el poder en parte debido a los bonos que repartió a manos llenas durante más de una década en algunos casos. El bono Juana Azurduy, el bono Juancito Pinto y el bono Dignidad beneficiaron por varios años a las mujeres gestantes, a los escolares y a los ancianos mayores de 65 años del país, sin embargo para hacerlos sostenibles no sólo se tuvo que apelar a los recursos de Tesoro General del Estado, sino también a préstamos internacionales. Las llamadas empresas estratégicas estatales, tales como Entel o YPFB fueron también en su momento la fuente de estos bonos, o al menos eso fue lo que el ahora candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) nos hizo creer. La estrategia de recurrir a los bonos para ganar votos o el apoyo de grupos sociales mayoritarios no fue sin embargo, innovación del MAS. El pago de este tipo de beneficios fue introducido durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con la creación del Bonosol que hoy se conoce como bono Dignidad. La gran diferencia radica en que el bono solidario del MNR era financiado con las utilidades de las empresas capitalizadas en aquel entonces.

En Latinoamérica por otra parte, se considera que uno de los subsidios más urgentes es el de desempleo y hasta la fecha sólo seis países de la región lo contemplan como parte de sus economías. Si bien Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador pagan este bono de maneras diversas, la característica común es el pago del beneficio por un tiempo promedio de seis meses. Los pagos van disminuyendo de manera gradual como una forma de incentivar al desempleado a reinsertarse en el mercado laboral. Según datos del Banco Mundial, sólo un 17% de los cesantes en Latinoamérica cuenta con este tipo de seguro cuya principal barrera es el alto grado de informalidad laboral que existe en la región.

En Bolivia los bonos generaron una imagen de estabilidad que la mayoría consideró real, nos referimos sobre todo a esos grupos sociales que fueron secuestrados ideológicamente por el masismo y que hoy por hoy se han convertido en las llamadas hordas defensoras del extinto proceso de cambio. No somos un país que esté preparado económicamente para pagar subsidios o bonos a largo plazo. Nuestra economía se balancea sobre un subibaja y es muy complicado separar las verdaderas intenciones de estabilidad social de las enteramente electorales. Y si avanzamos un poco, el MAS se manejó con estos bonos hasta en los últimos minutos de su agonía. No podemos olvidarnos del famoso bono lealtad de 3000 bolivianos que le fue depositado a por lo menos 36000 efectivos policiales durante la crisis política de noviembre de 2019. Aunque varios miembros de la policía se sintieron indignados con aquel pago, la intención del gobierno era clara. Buscaban comprar la dignidad de la policía nacional, institución que al final de cuentas jugó un papel preponderante en la caída del gobierno de Evo Morales con los motines policiales en casi todos los departamentos del país.

Al parecer en Bolivia los políticos no son capaces de aprender de los errores. Los critican en su momento, pero en seguida vuelven sobre los pasos de quienes los cometieron. El candidato de la alianza Libre 21 y expresidente, Tuto Quiroga presentó como parte de su oferta electoral el pago de un denominado "bono pitita", un monto de 10 mil bolivianos que inicialmente se pagaría a todos los bolivianos mayores de 18 años, ese grupo que según Quiroga "será dueño del 80% de las empresas estratégicas". El gobierno transitorio tampoco se ha librado de caer en la moda de los bonos y se ha comprometido a crear el llamado Bono Familiar, que otorgará la suma de 500 bolivianos por cada niño que vaya a una escuela fiscal y que se planea entregar en abril próximo, es decir en medio de la tremenda crisis del coronavirus.

Una cosa está clara, ningún bono compra sensatez y lo estamos comprobando en estos momentos en el que parte de la población boliviana no está consciente del peligro al que expone a la sociedad entera al no acatar el estado de emergencia, la cuarentena y todas las otras medidas que se han decretado con tal de frenar el avance del coronavirus en el país.