Los derechos humanos de cada persona que es parte de una sociedad se limitan en tiempos de pandemia o de crisis sanitaria. Prevalecen los derechos humanos colectivos, es decir, la salud pública, el bienestar de la sociedad y la convivencia armónica. Pero el Estado debe crear las condiciones para entender la magnitud de esta situación social y política. De lo contrario puede generar descontentos sectoriales y acusaciones de que hay un gobierno dictatorial y violento.

En estos tiempos de pandemia y cuarentena, en un sistema democrático, se apela  a las restricciones de los derechos que tenemos cada uno, como el de expresarnos, aunque no es censura; de la libre circulación y traslado de un lugar a otro, o de viajar; el derecho al trabajo, y ganarse el sustento diario, e incluso se limita el derecho a la salud, por cuanto los hospitales y cajas de la seguridad social, han pedido a sus asegurados evitar ir a consultas o recoger medicamentos, debido al posible contagio que pudieran tener y por las limitaciones en cuanto al personal.

Si bien el proceso electoral en Bolivia ha quedado en suspenso, pero  hay un ambiente de tensión y de incertidumbre que se viene generando desde el exilio y desde la Embajada de México, donde continúan cierto personajes asilados, pero a quienes no se les restringió casi nada. No es nada raro, que la campaña política por las redes sociales se venga manejando desde esa residencia extranjera.

De ahí, se explica la fuerte oposición a la cuarentena de sectores duros del MAS, como una parte de El Alto, el Chapare, San Julián y otras regiones. Se acaba de informar de una campaña de desinformación y de manipulación del coronavirus, en el sentido de que no existe la pandemia y que es un instrumento de la derecha para acallar el descontento o para meter miedo a las bases sociales masistas.

En definitiva, en este tiempo duro de cuarentena, el país, su gente, sus autoridades debemos asumir que en orden de prioridades y de acciones conjuntas, están los derechos humanos colectivos, y su respeto y cumplimiento se juegan la salud y la vida de los diez millones de habitantes y de cientos de miles de extranjeros en el país.

Para llegar a este fin del bienestar colectivo, el gobierno de turno ha declarado  la cuarentena, así como muchos otros países, que vienen siendo azotados por el coronavirus. La cuarentena tiene sus dificultades en su estricto cumplimiento, por cuanto se apela al sentimiento, a la voluntad de los grupos sociales, a la persuasión para que nos quedemos en casa y hagamos todo lo pendiente que tenemos.

En las redes sociales la gente pide mano dura contra los infractores. “Hay 520 infractores de la cuarentena y 26 casos de coronavirus, son más los imbéciles, que los enfermos”, señala uno de los comentarios en el Facebook.

En esa dinámica, tampoco esperemos que exista una patrulla de policías o del Ejército en nuestros barrios para exigirnos que cumplamos con la cuarentena. Dependerá de la responsabilidad y de la educación que cada familia ha recibido y así coadyuvar a evitar que el virus se siga expandiendo y contagiando.

En perspectiva, se debate la declaratoria del estado de excepción establecido en la Constitución Política, mediante la cual, el país entero entrará a un periodo de prohibiciones más serias y rígidas, con las consiguientes sanciones penales y restricciones a los otros derechos y garantías que tiene el ciudadano. Pero en estos tiempos, y por encima de los cálculos políticos y campañas electorales, y de adhesiones de los sectores sociales, no hay excusas ni argumentos para ingresar a un periodo más estricto para preservar la vida y la salud de cada uno de los habitantes de Bolivia.