La Asamblea Legislativa tendrá que aprobar una Ley que haga posible el desarrollo de un nuevo proceso electoral, precautelando el derecho de ser elegidos y elegir a quienes, a partir del 4 de mayo, cumplan dieciocho años, es decir que en la dinámica de la política boliviana no estaba contemplado imponderables como la pandemia que causa pánico y psicosis en los habitantes del mundo.

Las elecciones generales programadas para el 3 de mayo quedaron postergadas por el TSE, ante la emergencia por la pandemia del coronavirus.

Hubo reunión de partidos para lograr pactar nueva fecha para la realización de los comicios de una forma concertada y que goce del respaldo de todos los actores. Por lo menos ese es el informe de Salvador Romero, Presidente del TSE, quién dijo que las ocho organizaciones políticas, representadas por sus delegados, apoyaron la decisión asumida por el ente electoral.

Una de las actividades suspendidas fue el sorteo de jurados electorales, por tanto, quedó aplazada la capacitación que debían recibir por parte del personal del órgano electoral.

Asimismo, Romero, se comprometió a reanudar las actividades «apenas se presenten las condiciones mínimas» que hagan posible continuar con el proceso electoral sin riesgos para la población.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tendrá que apelar al derecho comparado y legislación de otras naciones para elaborar una Ley con referencia a pandemias mundiales que no está previsto en la legislación de Bolivia. Será necesario se busque consenso nacional con la participación partidos y agrupaciones políticas, así como de instituciones que aporten a una conciliación de posiciones.

Las discrepancias son esenciales para la democracia, pero también es importante emplear el sentido común para facilitar gestiones y alcanzar una Ley basada en la experiencia que los pueblos del mundo, incluido Bolivia, sufren ante la pandemia del coronavirus y obrar en consecuencia.

Habrá nuevos actores, jóvenes de dieciocho años y una nueva realidad psicosocial que los legisladores deben tener en cuenta.

No se trata solamente «de fijar una nueva fecha para las elecciones», sino de consensuar una Ley que en su conjunto trate de la defensa de la salud pública y preservación de la especie humana y por otra que el TSE recuerde los derechos que tiene la nueva generación de electores y aplique la Ley de Régimen Electoral, por ende, corresponde hablar de nuevas elecciones.