El mayoritario apoyo que recibió el anterior gobierno derivó en una excesiva concentración de poder y una deformación del principio de separación de poderes o hiperpresidencialismo que fue instrumentalizado en favor de un proyecto político antes que de un proyecto de Estado, de manera tal que la Constitución Política, los Poderes del Estado, la justicia, la información, etcétera, se acomodó a la medida del partido hegemónico.

Como controlaba el legislativo, todas las interpelaciones que se interpusieron durante la vigencia del anterior gobierno, ninguna derivo en censura, es así que lo previsto por la Constitución Política del Estado Plurinacional en el artículo 158 Numeral 18 in fine no se aplicó a los ministros masistas y por el contrario salían ovacionados de las interpelaciones.

No ocurre lo mismo con los actuales miembros del gabinete del gobierno de transición, porque si bien con la revuelta popular Evo renunció y cayo el Órgano Ejecutivo, no ocurrió lo propio con el Órgano Legislativo que no obstante de no reflejar la nueva correlación de fuerzas, el MAS sigue controlando los 2/3 de la ALP, por lo que reaglutinada la actual fuerza opositora, están siguiendo un plan desestabilizador del ejecutivo desde el flanco parlamentario.

La anterior Constitución Política del Estado en su Artículo 70º preveía que la interpelación a los Ministros de Estado podía derivar en la censura lo que implicaba la renuncia del Ministro censurado, reservando al Presidente de la República la facultad de aceptar o rechazar la renuncia. 

La reserva del Presidente de la República era un instrumento básico para guardar la “igualdad de armas” en el equilibrio de poderes, para que los gobiernos de turno no estén a merced de las eventuales coaliciones opositoras que desde legislativo jueguen a desestabilizar la gestión de gobierno. Es decir, una distribución de poderes que permita a cada uno bloquear las decisiones del otro, en ausencia de acuerdo entre ellos, la idea central de este mecanismo es mantener la separación mediante el equilibrio.

Por tanto, en la nueva realidad constitucional, en lo referente a las interpelaciones,  el Ejecutivo tiene que buscar controlar el Legislativo o aplicar estrategias prácticas para sortear los ataques de las eventuales oposiciones, en otros términos, la destitución y nueva designación del mismo Ministro de Defensa que está aplicando el gobierno transicional es un mecanismo básico de defensa para no estar a merced de la oposición parlamentaria y por otra parte, cualquiera fuera el próximo gobierno de no conseguir los 2/3 o no logra coaliciones estables en el Legislativo la tendrá muy difícil.

Otro mecanismo que prevé la “igualdad de armas” entre los poderes ejecutivo y legislativo y que contempla el diseño constitucional de algunos países se refiere a la facultad del Ejecutivo y del Legislativo para que cada uno por su lado puedan disolver el Congreso o declarar vacante al Presidente de la República.

Es el caso del Perú su Constitución Política contempla en el artículo 134 la facultad del Presidente de la República para disolver el Congreso, prerrogativa que fue utilizada por el Presidente peruano Martin Vizcarra y por su parte el Congreso puede declarar la vacancia del cargo de Presidente en los casos previstos por el artículo 113 de la Constitución peruana, atribución que fue aplicada por el Congreso contra el Presidente Vizcarra. La movilización callejera resolvió en favor del Presidente Vizcarra contra un Congreso fujimorista totalmente desacreditado y deslegitimado.

Este hecho demostró que en Latinoamérica las salidas institucionales no son suficientes, sino está apoyada en la calle que le da legitimidad a la medida.

Nuestra Constitución Política no prevé un instrumento de este tipo, que podría constituir la solución a la actual coyuntura boliviana con una ALP sin legitimidad. 

Moraleja: Se debe legislar para el futuro y no dominado por las hegemonías coyunturales.