En realidad ningún candidato se imaginó que con la llegada de esta pandemia, se imponía una “pausa” en la campaña política y tenían que suspenderse las concentraciones políticas, los actos masivos, etc. El coronavirus ha movido el piso a los candidatos y a sus aparatos de campaña porque tienen que cambiar de paradigmas y buscar nuevas formas de conquistar a sus potenciales votantes.

En este proceso electoral se tienen que utilizar los medios masivos y revalorizar el debate político entre los principales candidatos presidenciales. No hay nada más saludable y democrático que la confrontación de ideas entre los aspirantes a ocupar la presidencia del Estado boliviano. El proceso eleccionario no puede centrarse en el bombardeo  propagandístico, sin posibilidad de confrontar los diferentes programas y ofertas de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas.  Y los candidatos que no quieran debatir, será porque no tienen qué ofrecer ni las condiciones para enfrentar y confrontar ideas, opiniones, programas de gobierno. Y el primer tema de la agenda tendría que ser precisamente el coronavirus, el sistema de salud, condiciones, presupuesto y evaluar las medidas que imponen el gobierno nacional, y los gobiernos de las entidades territoriales autónomas, etc.

Sin embargo no hay que confundir propaganda con debate, como ha hecho el MAS durante su gobierno. Y aunque ambas figuras son imprescindibles en una contienda electoral, tienen metodologías, formas y efectos distintos. La propaganda es una forma de comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. En cambio el debate supone una discusión en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses.

La confrontación de ideas debe ser entre candidatos, y en territorio neutral, como los que organizaba la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Asociación de Periodistas, entre otros. El debate no sólo apuesta por la legítima competencia entre los candidatos sino también constituye un derecho del elector al voto informado. El ciudadano no quiere que se lo atosigue con propaganda las 24 horas del día; necesita información completa, oportuna y deputada.

La sana y necesaria confrontación de ideas se encuentra prevista en la Constitución (art. 106), ya que el Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

Mientras la libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opi­niones, el derecho a comunicar y recibir libremente información versa sobre hechos de interés general. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13.I), proclama que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

El derecho a expresarse y a difundir lo expresado está intrínsecamente unido, y cualquier limitación o restricción de estas posibilidades, especialmente tratándose de un proceso electoral, constituye una restricción del derecho a la libertad de expresión. Esta libertad garantiza además la  transparencia y la fiscalización del proceso electoral, de modo que los candidatos deben debatir, salvo que se quiera cercenar uno de los derechos básicos del elector como es el derecho al voto informado.