Ante esta incertidumbre radical y sin precedentes, el Gobierno se enfrenta a riesgos severos y complejos, con extensas ramificaciones sectoriales. El peor escenario sobrevendrá en mayo, muchos acabarán infectados, por lo que debemos estar preparados para una explosión de casos. El país es más vulnerable por la menor calidad de nuestro sistema de salud y por la indisciplina; además, el virus pondrá vigente la desigualdad y los pobres serán los más golpeados. El temor es que las personas sin hogar puedan enfermar y desbordar los hospitales.

Conscientes de que lo más duro está por llegar, el aplazamiento de las elecciones se explica por sí mismo al no darse las garantías suficientes.

Es posible que, por prudencia política, por el vacío legal, o por temor a la crítica, a las suspicacias o impugnaciones que podrían surgir de los partidos, el Gobierno haya eludido hablar siquiera de prórroga; prórroga que por otra parte le corresponde a él pedir, pero solo al Parlamento conceder. Tal prórroga es inevitable, ya que viene determinada por el propio proceso de evolución de la pandemia, que es evidente que va mucho más allá de 15 días.

Lo que queda en cuestión es si la suspensión de las elecciones involucrara la repetición íntegra del proceso. Esto significaría validar un nuevo censo y unas nuevas candidaturas y decidir si se recortan tiempos de campaña por el excesivo costo financiero de vivir en campaña durante un año entero. Si el proceso electoral se retomase tras la crisis del coronavirus en el punto donde se dejó, es decir, en plena campaña y sin tocar ni el censo ni las listas de los partidos, los ciudadanos que cumplan 18 años en el tiempo que transcurra verían vulnerado su derecho a votar y a presentarse a las elecciones.

Por esto, en primer lugar, se reclama consenso entre todas las fuerzas políticas en competición para evitar la presentación de un eventual recurso en los tribunales. También es recomendable que se prevea una fecha alternativa, se compense financieramente a los partidos y que se cree un Comité de Seguimiento del coronavirus, apoyado en el Ministerio de Salud.

La norma debe regular el procedimiento para retomar el proceso electoral ya sea donde se dejó, es decir, un mes antes de las elecciones, o retrotraer todo al inicio de las campañas, aunque será difícil decidir los detalles del nuevo proceso electoral hasta que se supere la emergencia.

Es recomendable que el Ejecutivo, el TSE y los partidos, se mantengan en intercomunicación telemática permanente para diseñar el nuevo escenario electoral.

El reto de las elecciones es menor frente a la salud del pueblo que es la suprema Ley del Estado. La decisión correcta demostrará si el Ejecutivo está o no en camino relevante.