La Justicia es uno de los pilares para el sostén de la democracia y para el ejercicio pleno de los derechos y garantías de la ciudadanía. Desgraciadamente, en nuestro país se ha distorsionado esta esencia y savia que alimenta el ejercicio democrático y el goce de las libertades. Mientras crece el sentimiento de pertenencia en la democracia, las dudas sobre el sistema judicial se amplían. Comprobado el desastre del experimento anterior, con el riesgo de otro fracaso y bajo la convicción de que los candidatos han sido escogidos políticamente, las opciones de los ciudadanos parecen achicarse.

La percepción ciudadana para las elecciones judiciales que dentro de un mes, el 3 de diciembre, se nutre de desconfianza y prejuicios, y también de la certeza de que ese no es el camino hacia la solución de uno de los principales problemas nacionales, como es contar con un sistema judicial confiable. La elección de magistrados que se avecina no representa garantía de independencia judicial, menos certeza de idoneidad. Mientras los temores sobre la justicia crecen, el apoyo ciudadano a la democracia se mantiene en Bolivia, aunque el último "Latino barómetro" afirma que hay menos confianza en el sistema. Los anteriores estudios señalaban que el respaldo a la democracia aumentaba en Bolivia, inclusive por encima del promedio de la región. Entre los factores que determinan esa conclusión de un mayor apoyo a la democracia, figuran la inclusión social, la participación electoral ciudadana, la participación de la gente en la aplicación de cambios estructurales y en las políticas públicas. En realidad, en toda América Latina se ha fortalecido la democracia, aunque existen factores de distorsión y la manipulación del voto para mantener en el poder estructuras o caudillos. De todas maneras, se advierte un avance de la conciencia ciudadana que cada día es más contestaría al abuso del poder. Son varios los estudios que se han elaborado y coinciden en que el fortalecimiento y consolidación de la democracia en América Latina dependen de cómo los gobiernos logren garantizar la seguridad ciudadana, fortalecer la independencia judicial y hacer efectiva la lucha contra la pobreza. En el caso de Bolivia, evidentemente ha habido un ascenso de la participación popular, se han abierto las válvulas para que los ciudadanos, sin excepciones de condición económica y social participen activamente en la vida nacional. Inclusive se ha establecido el control social, que parece ser ahora la piedra en el zapato del gobierno, que no puede controlar a los movimientos sociales, cada vez más exigentes y movilizados, en demanda de mejores condiciones de vida y respeto a sus derechos. Por ello es que las elecciones que se realizan el primer domingo de diciembre, tienen una connotación adicional a su objetivo principal que es elegir o rechazar a los candidatos a magistrados que administrarán el sistema judicial del país. Mostrarán la posición de los ciudadanos sobre todo este proceso y en torno a una serie de situaciones cuestionables, como acudir a elegir sobre los preelegidos de un partido político. Lo más importante radica en que la ciudadanía, tendrá la oportunidad de expresar su sentimiento sobre la justicia, y sobre la forma como se ha escogido a los candidatos, pero fundamentalmente, tiene la responsabilidad de valorar la necesidad de independencia del sistema judicial, del que en adelante dependerán los derechos de todos los bolivianos, ya sean estos afines al oficialismo o a la oposición.