Medio: El Diario
Fecha de la publicación: miércoles 02 de mayo de 2018
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Harold Olmos
La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que obliga al Estado Boliviano a resarcir de manera adecuada a legisladores que tuvieron cercenados sus derechos ciudadanos cuando se les vetó la participación en una elección hace cuatro años, ha abierto un torrente capaz de desbordarse, pues no son pocos los juicios que acusan al Estado Boliviano de conculcación de derechos. El torrente puede tener mayores consecuencias tras las declaraciones de autoridades del gobierno favorables a un proyecto de ley que haría que el resarcimiento financiero salga del bolsillo de los funcionarios que sancionaron la violación de derechos. Ese proyecto debe haber encendido la luz roja para jueces y fiscales a cargo de juicios instaurados por el gobierno, pues tendrán que andar de puntillas y procurar decisiones justas para evitar que les caiga el veredicto popular acuñado en la estrofa de un popular huayño: Lo que has hecho estás pagando.
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En otras palabras, la cuenta será para los jueces y los fiscales desde el momento en que asumieron la causa.
A fines de 2014 el Tribunal Supremo Electoral resolvió que legisladores en funciones no podrían postularse para gobernaciones, entre ellos la cochabambina ex presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, y el senador potosino Eduardo Maldonado, personalidades destacadas de la oposición tras haber militado en el partido de gobierno. Curiosamente, la norma de los magistrados no afectó a candidatos oficiales, algunos ahora en funciones prominentes en las cámaras legislativas.
El Estado tiene 180 días para pagar “una compensación adecuada” a los afectados por el dictamen. Cuánto es eso, queda a los inhabilitados hace cuatro años determinar y al lector calcular: cualquier cifra seguida de cinco o más ceros. El dictamen de los magistrados será costoso, pero la billetera del Estado puede acabar resarcida con una norma en la Asamblea Legislativa desde hace un año, cuyo concepto central reorienta la responsabilidad hacia los funcionarios que dieron lugar a la infracción de derechos. Que la norma aún no esté sancionada sería solo un detalle menor, como se ha visto a menudo, pero los infractores se verían ante obligaciones legales que tendrían al cielo por límite.
El antecedente viene al pelo a un mes del decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que admitió la denuncia de violación de derechos humanos presentada hace nueve años por algunos acusados en el mayor juicio penal de la historia boliviana, el “Caso Terrorismo”, que esta semana reinicia audiencias en Santa Cruz.
No se conoce opiniones de jueces a cargo de casos que comprometen al Estado en cuestiones de derechos humanos. Por la naturaleza de los casos que llevan y por sus ramificaciones, es natural que permanezcan callados. Se puede presumir, sin embargo, que no están libres de contagiarse de la ansiedad y la angustia que rodean a los temas a su cargo. Estaría a prueba el adagio de “quien ríe de último…”.
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