Entre todos los trastornos que está ocasionando la presencia del coronavirus en el país, con suspensiones de clases, cuarentenas forzadas y cierre de fronteras, está también el electoral.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Saúl Paniagua, ha pedido al Órgano Electoral Plurinacional que se analice la posible postergación de las elecciones nacionales, previstas para el 3 de mayo. La idea ha empezado a rondar en círculos políticos. Parlamentarios del MAS en principio han apoyado al menos debatir el tema.

Otros países han tomado decisiones similares, como   España, que ha suspendido comicios regionales en Galicia y País Vasco, o EEUU, donde en algunos estados no se realizarán las elecciones primarias en las fechas previstas. En otros, sin embargo, como en Francia, que tiene una severa crisis sanitaria por el coronavirus, sí se realizaron las elecciones para alcaldes.

El presidente del TSE, Salvador Romero, ha descartado esa posibilidad para Bolivia y ha señalado que la fecha se mantiene. De todos modos, para realizar el cambio de fecha se necesita de una ley, lo que obliga a un acuerdo entre el oficialismo y el MAS en ese sentido.  El TSE no puede aceptar ningún cambio que no sea mediante una autorización a través del Legislativo.

En este tema existen implicaciones en los campos de la salud, de las tareas preelectorales y del sistema político. En el primero, habría que prever si para el 3 de mayo la crisis sanitaria en el país estará ya superada o, al contrario, en una fase de agravamiento. Tener a miles de personas apretujadas en los recintos de votación es exactamente lo contrario que recomiendan las autoridades sanitarias y los especialistas de la OMS. Sobre todo a ciertas horas, y en ciertos recintos, en el pasado se han registrado largas filas de personas interesadas en ejercer su derecho a votar. Es posible imaginar que hasta principios de mayo la situación esté empezando a ser controlada y que, debido a las elecciones, vuelva a empeorar.

El otro tema es el de las tareas preelectorales: el organismo electoral requiere realizar decenas de tareas previas a una elección, desde elegir y capacitar jurados electorales, hasta hacer contrataciones de bienes y servicios, y realizar incontables viajes a todo el territorio nacional. Con las restricciones actuales, por ejemplo, prohibir que se congreguen más de 100 personas, se afecta precisamente al tema de la capacitación. Eso se agrava con la imposibilidad de realizar viajes interdepartamentales e interprovinciales y la circulación de vehículos y peatones desde las 17:00 horas. Esas restricciones estarán vigentes hasta el 31 de marzo, pero luego pueden ser ampliadas, lo que dificulta las tareas de planificación.

Pero también hay un efecto político y un cálculo inevitable de a qué partido le conviene, y a cuál no, una posible postergación de los comicios. Al margen de ingresar a esa especulación, también debe analizarse si a la sociedad boliviana, en circunstancias en las que se vive una dificultosa transición política, le conviene esta postergación. La respuesta es no. Las elecciones van a clarificar el escenario político y ayudarán a instalar un gobierno que debería estar en funciones durante cinco años. El país necesita de certezas y de mirada de largo plazo.

Hay que recordar que la legitimidad de la presidenta Jeanine Añez ha sido puesta en duda por algunos países y sectores a nivel internacional. Aunque en Bolivia sabemos que ello no es así, el hecho de que extienda su mandato podría ser visto como algo criticable, como un deseo, aunque ello no se pudiera comprobar, de mantenerse en el poder más tiempo del legalmente fijado. Esta es una papa caliente para todo el sistema político.

Por otro lado, esto implicaría también la postergación de los comicios municipales y departamentales,  lo que prorrogaría a autoridades que ya están sobrepasadas en sus gestiones.

De todos modos, la postergación de elecciones, con todos sus pros y contras, puede a estas alturas ya ser inevitable.