Es de comprensión humana, racional, que ante circunstancias que afectan al mundo, globalizado, se adopten medidas de seguridad ante la aun no declarada guerra bacteriológica en que están empecinados las potencias mundiales.

Los pueblos, deben obedecer instrucciones que sus gobiernos consideran de emergencia adoptar y adecuar sus actos a esas realidades que seguramente desconfiguran intereses personales, pero requiere se las cumpla, así haya unos pocos, desubicados de la tragedia, que puede azolar a Bolivia.

Por ello cabe preguntar: ¿Pueden celebrarse elecciones en tiempos del coronavirus o deben posponerse?

Se abre así una encrucijada. La incertidumbre es total ante la ausencia de un vacío jurídico en nuestro ordenamiento legal.

En derecho Constitucional, se aplica el «Contrarius Actus», es decir, la ALP emitió la ley que convocó a elecciones, por lo tanto, es quien tiene la potestad de postergarlas mediante otra ley. Para ello, en primer lugar, se reclama consenso entre todas las fuerzas políticas en competición; de lo contrario, podría presentarse un eventual recurso en los tribunales. También es recomendable que se prevea una fecha alternativa y que se cree un Comité de Seguimiento del coronavirus.

Este es el escenario hoy, pero mañana o dentro de días puede agravarse. Nadie sabe cómo evolucionará, cuándo, con qué velocidad y dónde, se propagará el virus, pero el Gobierno terminará forzando el confinamiento de la población para evitar nuevos contagios; incluso, se podría provocar un aplazamiento «sine die».

La crisis supone un auténtico problema del país, que altera nuestra vida diaria y el funcionamiento normal de la sociedad, todo el resto, incluido la convocatoria electoral tiene que pasar a un segundo plano, la salud del pueblo es la suprema Ley del Estado.

Quienes cuestionen un aplazamiento electoral, deben saber que lo único que importa es la salud pública.

La prioridad es velar por la seguridad y la salud de los ciudadanos, además de llamar a la calma y a demostrar la conciencia cívica del país. Si no se postergan, queda en suspenso la incertidumbre básica: ¿Cómo se comportarán los electores? ¿Puede el virus influir de manera significativa en el comportamiento cívico electoral? ¿Podrían los candidatos tener «cercanía» con el pueblo, dar la mano en los debates y saludar de lejos? Los compatriotas se animarían asistir a centros de votación cuando estamos al borde del delirio y psicosis total.

Este es un momento que requiere la unidad y la colaboración de todo el país, no es tiempo para reyertas políticas. La campaña ya está en cuarentena y los partidos han cancelado varios actos electorales. Ante este escenario incierto, es poco razonable celebrarla con estas medidas de restricción y confinamiento. Aplazar las elecciones no afecta ni a la izquierda ni a la derecha, deberían analizar si pueden o no anhelar una victoria electoral con una alta abstención. Su triunfo se fraguaría bajo la sombra de la ilegitimidad. Solo se puede votar si tenemos el 100 % de garantías de que los bolivianos votarán sin temores y con toda seguridad, incluidos quienes estén en las mesas electorales.

En la historia de nuestra democracia ha habido momentos de gran zozobra, cada líder se enfrentó a un reto decisivo. Saber mandar, no dudar ante el dilema, transmitir confianza en medio de la adversidad, en eso consiste dar la talla como gobernante.