Restan aproximadamente siete semanas para el día en que el soberano asista a las urnas y reconstruya el poder político en el país y a medida del avance del calendario las agrupaciones políticas mostraron algunos golpes de timón sobre sus estrategias electorales, sin muchas sorpresas (a puertas de la segunda) intentan reivindicar los resultados de la primera encuesta de intención de voto.

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Sin embargo, cuando se disponían a “activar” la artillería de campaña un freno en seco los hace meditar: el COVID-19. De allí la pregunta necesaria sobre sus propuestas en un ámbito trascendental como es la salud para las familias bolivianas.

Incompresiblemente apareció una contienda en “quién” comunica primero sobre la existencia del virus y desde “dónde” (elemento de contexto) se lo hace mejor. No pudieron escoger otro escenario en la sede de gobierno que el símbolo del poder en kilómetro cero: el “Palacio Quemado”; y conjuntamente el destituido-restituido Ministro; al parecer con mayor preocupación por la política y la forma en que gobernarían antes que el derecho a la salud.

Sobre esa intervención mediática una sola conclusión: las acciones gubernamentales insuficientes y fallidas de las autoridades del área del gobierno transitorio, y una inadecuada política comunicacional para el tratamiento de lo que la Organización Mundial de la Salud caracterizó como una pandemia sobre el brote del coronavirus.

Sobre ofertas electorales se ofrece: fortalecer y universalizar la recuperación de la medicina tradicional ancestral; salud fraterna de calidad para todos, coberturas de atención gratuita para personas sin seguro social de corto plazo, mejoramiento de calidad de los sistemas existentes; creación de un nuevo SUS, gestión descentralizada y reingeniería del sistema de salud; un Consejo Nacional de Salud Seguro Universal, un paquete de prestación sanitaria, y destinar el 10% del PGE a la Salud entre otros.

Sin embargo, nadie sale a explicar y confrontar estas propuestas; por ello la importancia del debate presidencial que, en sí, no cambia masivamente la preferencia del votante; pero le posibilita una mejor percepción electoral presidencial al considerar su cambio o no de preferencia, toma una postura final en caso de los indecisos y, finalmente, de reafirmarse con su candidatura. Este ejercicio democrático debe seguir la fórmula: un voto informado es un voto responsable. La salud, según Constitución, es la función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado.