En derecho Constitucional, se aplica el “Contrarius Actus”, es decir, La ALP emitió la ley que convocó a elecciones, por lo tanto es quien tiene la potestad de postergarlas mediante otra ley. Para ello, en primer lugar, se reclama consenso entre todas las fuerzas políticas en competición; de lo contrario, podría presentarse un eventual recurso en los tribunales. También es recomendable que se prevea una fecha alternativa y que se cree un Comité de Seguimiento del coronavirus.

Este es el escenario hoy, pero mañana o dentro de días puede agravarse. Nadie sabe cómo evolucionara, cuándo, con qué velocidad y donde, se propagara el virus, pero el Gobierno terminara forzando el confinamiento de la población para evitar nuevos contagios; incluso, se podría provocar un aplazamiento “sine die”.

La crisis supone un auténtico problema del país, que altera nuestra vida diaria y el funcionamiento normal de la sociedad, todo el resto, incluido la convocatoria electoral tiene que pasar a un segundo plano, la salud del pueblo es la suprema ley del Estado.

Quienes cuestionen un aplazamiento electoral, deben saber que lo único que importa es la salud pública. La prioridad es velar por la seguridad y la salud de los ciudadanos, además de llamar a la calma y a demostrar la conciencia cívica del país. Si no se postergan, queda en suspenso la incertidumbre básica: ¿Cómo se comportarán los electores? ¿Puede el virus influir de manera significativa en el comportamiento cívico electoral? ¿Podrían los candidatos tener “cercanía” con el pueblo, dar la mano en los debates y saludar de lejos?