El Tribunal Supremo Electoral (TSE) divulgó anteayer, domingo, la lista de personas que están inhabilitadas para votar en las elecciones generales del 3 de mayo próximo. Son precisamente 147.365 los que fueron excluidos del padrón electoral como resultado del proceso de depuración.

Hace casi exactamente seis meses y medio, el 28 de agosto del año pasado, el TSE presidido por María Eugenia Choque Quispe publicaba la lista de las personas inhabilitadas para sufragar en los comicios del 20 de octubre. Esa relación de ciudadanos que no podían votar contenía 34.541 nombres, es decir la cuarta parte de la lista publicada el domingo.

Además de la impactante diferencia numérica existente entre ambas listas, otro elemento que llama la atención al compararlas es la razón más frecuente de la inhabilitación.

La mayoría de los inhabilitados actuales lo están por no haber sufragado en los anteriores comicios nacionales válidos (el de octubre no cuenta al haber sido anulado debido al fraude). “Es decir que no sufragaron en el Referéndum de 2016 ni en las Elecciones Judiciales de 2017”, en palabras del presidente del TSE actual.

El año pasado, el motivo más frecuente de inhabilitación fue el denominado "jurado no asistente", son personas que fueron designadas jurados en algún proceso electoral anterior y no cumplieron esa obligación.

Curiosamente, este año, esa causal de inhabilitación es ínfima en su ocurrencia. Al contrario, los inhabilitados, el año pasado, por no haber votado en las dos elecciones nacionales anteriores casi no existen.

Esta comparación de cantidades y razones en las listas de inhabilitados de 2019 y de este año, además de tener algo de anecdótico, puede ser útil para ilustrar la percepción de seriedad que inspira el Tribunal Supremo Electoral presidido por Salvador Romero Ballivián, y la confianza ciudadana que resulta de esa imagen de responsabilidad, transmitida por sus acciones y discretas intervenciones públicas.

Los vocales del TSE actual tomaron posesión de sus funciones, hace poco más de tres meses, con el desafío de llevar adelante unos comicios que conduzcan a "la elección de un Gobierno y de una Asamblea dotados de la indiscutible legitimidad que otorga un proceso organizado por un tribunal electoral que haya recuperado la confianza de los ciudadanos”, decía ese entonces Romero.

Todo indica que están bien encaminados para lograr su propósito. Pero las circunstancias de la emergencia sanitaria del coronavirus complican y magnifican ese desafío.