Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: martes 17 de marzo de 2020
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Las organizaciones políticas siguen utilizando bienes del Estado en campañas electorales, pese a la vigencia de un decreto y varias normas que lo prohíben. A la fecha, se registran nueve denuncias de uso de bienes contra la alianza Juntos y tres contra el Movimiento Al Socialismo (MAS).
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Las denuncias contra Juntos vienen de diversas partes del país. El 29 de febrero se denunció que dos vehículos del Ministerio de la Presidencia estuvieron llevando personal al acto de inauguración de casa de campaña de Juntos en El Alto.
El diario El Deber certificó que el RUAT de ambos motorizados pertenecía a dependencias del Gobierno.
El 5 de marzo, el candidato a diputado de Creemos por la C-43 de Tarija, Daniel Requena, denunció que personal de la Secretaría de Hidrocarburos de la Gobernación, aliada de Juntos, hace campaña para Jeanine Áñez en Yacuiba en horas de oficina. El denunciante presentó videos como prueba.
El 2 de marzo, Creemos, que postula al binomio Luis Fernando Camacho-Marco Pumari, denunció que durante un acto deportivo la candidata de la C-50 de la alianza Juntos, Lily Ramos, entregó poleras con el logo de la Gobernación cruceña.
Creemos presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra la organización que postula a Áñez por uso indebido de bienes.
Esta alianza presentó una segunda denuncia contra Juntos el 3 de marzo por la entrega de ayuda humanitaria con el sello de la sigla que postula a Áñez.
El mismo día, el representante de Comunidad Ciudadana (CC), Saul Lara, denunció que Juntos “hace lo mismo” que el MAS al usar el aparato del Estado en la campaña, en referencia a la entrega de ayuda a afectados por el aluvión de Tiquipaya.
El 9 de marzo, las diputadas de UD, Fernanda San Martín, Micaela Nina y Lourdes Millares, presentaron un video titulado “Yo la conozco” en el cual denuncian, entre otras cosas, que Áñez prometió no usar recursos del Estado para su campaña “y lo está haciendo”.
El candidato a diputado de Creemos en Santa Cruz, Erick Morón, el 10 de marzo, denunció que funcionarios públicos utilizaron vehículos en un acto de campaña en Santa Cruz y pidió que se sancione para los responsables.
El 12 de marzo, el candidato a primer senador de Creemos en Cochabamba, Mauricio Muñoz, acusó a la alianza de Áñez de utilizar a la Policía para cerrar varias cuadras de la zona norte para un acto de apertura de casa de campaña, el 7 de marzo pasado.
Respecto a las denuncias contra el partido de Evo Morales, sobresalen dos.
La primera es por el uso del estadio Municipal de Sacaba en la proclamación de su binomio Luis Arce-David Choquehuanca, el pasado 9 de febrero. El concejal opositor por Sacaba, Herlan Ramírez, observó el uso del estadio de ese municipio para esa actividad. El Alcalde de esa región es del MAS.
El segundo caso es por el uso del Centro Cultural Comunitario de Colcapirhua el 5 y 6 de marzo pasados en una reunión nacional de candidatos del partido azul. La asambleísta Lizeth Beramendi aseveró que esa estructura “se utiliza para actividades proselitistas del MAS”.
La tercera denuncia contra el MAS fue por el uso de vehículos del municipio de Montero en un acto de campaña.
PARTIDOS RECHAZAN ACUSACIONES
El candidato a la vicepresidencia por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina dijo, en su momento, que las acusaciones de uso de bienes del Estado son parte de una “guerra sucia” contra esa organización política.
El MAS también rechazó las acusaciones.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no informó en qué situación se encuentran las denuncias contra los candidatos y las alianzas.
El Gobierno promulgó el 27 de febrero el Decreto Supremo 4159 que prohíbe el uso de bienes y medios de comunicación estatales durante el proceso de campaña electoral.
