La Sala Penal Tercera fijó para ese día, a las 8:30, la audiencia de apelación contra la detención domiciliaria con custodia policial, pago de una fianza de 200 mil bolivianos, arraigo y la prohibición de asistir a la Alcaldía o tener contacto con funcionarios públicos.

Hoy se cumplen 12 días de las medidas impuestas al burgomaestre el 21 de abril por el juez anticorrupción Luis Fernando Pérez.

La primera autoridad municipal fue imputada por el presunto sobreprecio de 91.000 mochilas chinas, compradas por más de 2 millones de bolivianos en el país asiático por una importadora, pero que fueron adquiridas por la Municipalidad a más de 12 millones de bolivianos, o sea un sobreprecio de Bs 10 millones, según el Viceministerio de Transparencia.

El 24 de abril, el abogado Alberto Trigo presentó la apelación a la decisión del juez cautelar y explicó que la defensa de Leyes solicitó la libertad irrestricta del Alcalde, porque se están violando sus derechos al trabajo, entre otros.

La denuncia del caso mochilas fue hecha por la concejala del MAS, Rocía Molina, quien se constituyó en parte querellante.

El Viceministerio de Transparencia respaldó la sindicación y fue más allá, al abrir otro caso denominado Mochilas II, respecto a las mochilas que la Alcaldía adquirió en la gestión 2017, presuntamente cometiendo las mismas irregularidades que este año.

ENCRUCIJADA

El caso abrió una crisis municipal que mantiene a Cochabamba sin Alcalde hace casi dos semanas. El pasado viernes, el Concejo Municipal analizó el asunto y difirió sin fecha la posible designación de una autoridad interina.

Dos ex secretarios de la Comuna, vinculados al hecho denunciado, habrían salido del país, aunque el secretario Ejecutivo del Gobierno Municipal, Álex Contreras, sostuvo que es falso que haya crisis en el Ejecutivo cochabambino.

Mañana jueves se cumple un plazo bajo amenaza de medidas de presión lanzado por algunas juntas de vecinos de la Llajta para que el ente deliberante elija un Alcalde suplente, bajo el argumento que la Alcaldía no puede seguir paralizada.

El partido de Leyes, Demócratas, denunció que el Alcalde cochabambino es víctima de una persecución política por haber denunciado la reelección del presidente Evo Morales en foros internacionales y por defender el voto del referéndum del 21 de febrero de 2016.