Uno de estos casos involucra a un actual magistrado de la CSJ, anteriormente vocal de la Corte Departamental de Beni, denunciado por otorgar contratos a favor de una empresa de familiares suyos, siendo que Carlos Alberto Egüez se arrogaba el derecho de asignar las contrataciones. La denuncia versa también por designar en el cargo de Director Financiero a su propio primo hermano, antes de un mes de su juramento como vocal del TDJ de Beni.

Este vergonzoso proceso se tramita en la comisión respectiva de Diputados, pero el sindicado logró la anulación de su primera declaración con el subterfugio de que concurrió sin un abogado defensor. Esta fábula fue desmentida por una diputada integrante de la instancia camaral porque Egüez estuvo acompañado de su esposa, a la sazón, abogada. No obstante se omitió dicha asistencia.

No es el único proceso contra Egüez, sino confronta otro de mayor gravedad por el supuesto secuestro de la notaria Josefina Canchi, encargada de la custodia de las actas electorales y ánforas de una comunidad del departamento del Beni, relativas a la elección de jueces de 2017, ocasión en la que una avioneta intervino en el secuestro. El fin de esta aventura fue la alteración de las actas a favor de Egüez, desplazando a la candidata Marina Montenegro, quien de ese modo resultó suplente.

En este proceso en la vía ordinaria, Egüez fue detenido y enmanillado el día 20 de febrero de 2020 y conducido por las calles de Trinidad a plena vista de los ciudadanos. Este hecho y los procesos mencionados constituyen una vergüenza no sólo para el magistrado Egüez, sino para el Tribunal Supremo al que pertenece. Para no desacreditar de esa forma a tan Alto Tribunal, un ápice de ética debía motivar la renuncia a su magistratura. En ese nivel de la Justicia el nombrado no es el único, ya que sobre otros de sus colegas recaen, a su vez, graves sindicaciones, inclusive por contactos con un narcotraficante extraditado al Brasil.

En fin, tampoco está a salvo el Consejo de la Magistratura sobre el cual cursa otra sindicación de haber negociado la venta a 169 nuevos jueces designados el 2017, en montos de 15.000 a 25.000 dólares. Este escándalo igualmente duerme el sueño de los justos en instancias de Diputados, muy posiblemente en vista de que el CM fue también elegido entre afines del MAS.