Bolivia sufre y tiene miedo pero, sobre todo, el país está confundido. La actual situación política expresa el enfrentamiento entre una democracia liberal representativa (todavía profundamente cuestionada) y una democracia rebelde y simultáneamente participativa. La idea de una democracia rebelde tendrá que ser evaluada según sus propios méritos, como por ejemplo, la posibilidad de contribuir a la formulación de políticas públicas, así como evitar los abusos del poder oficial y el autoritarismo. Sin embargo, esto no significa que la gobernabilidad al interior del Estado esté, de hecho, asegurada. Todo lo contrario, persisten problemas estructurales, como la desinstitucionalización del aparato público, junto con las dudas sobre la estabilidad económica.  La gobernabilidad siempre influirá poderosamente en la agenda política. De aquí que una de las preguntas principales para el debate sea: ¿cómo asegurar la gobernabilidad y adaptarla a nuestras específicas condiciones culturales? ¿Qué significa lograr una sólida capacidad de gobierno y cuál es su futuro?

 La llegada de una pandemia como el Coronavirus está mostrando que las estructuras institucionales del Estado boliviano no están organizadas correctamente, las decisiones son de corto plazo y las políticas de salud ilustran que la idea de orden político y social está en total riesgo. Las demandas insurgentes sobre atención y contención del virus se están tornando caóticas en diferentes lugares del país. Esto es una señal típica de crisis de gobernabilidad.

Las demandas rebeldes que vienen desde la anulación de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019 han delimitado un escenario institucional, social y político altamente fragmentado. Al analizar la gobernabilidad desde una óptica cotidiana, también se encuentra una fragmentación de todo tipo de ideologías. No se puede hablar de una ideología dominante anti-neoliberal. En todo caso, existe a una crisis de los mapas cognitivo-ideológicos que expresa el estallido de diferencias étnicas, regionales, culturales y de atención oportuna con políticas públicas, dando lugar a un mayor fraccionamiento de identidades y visiones políticas sin integración que presentan propuestas inentendibles, conflictivas, violentas y desordenadas.

El país, una vez más, está forcejeando con el regreso de las reformas de economía de mercado, la persistencia de la desigualdad, el abuso de los pactos políticos (que probablemente se conviertan nuevamente en pactos de gobernabilidad) y la irresponsabilidad de las élites partidarias que destruyen las posibilidades de consolidación democrática.

La desinstitucionalización permanece como una maldición para eternizar el clientelismo, favorecer a los actores más influyentes en la economía y reforzar la marginalidad de aquellos que no tienen poder ni fuentes de ingreso estable, socavándose las raíces del sistema democrático.

Considerar el aparato estatal como un botín político para distribuir sinecuras es algo que las élites políticas deben dejar de hacer, porque de otra manera no se podrá encontrar soluciones a los desafíos actuales del siglo XXI, como las pandemias, el calentamiento global, la superación de la pobreza y el gobierno de un “Estado profesional”. El abuso de poder de las élites económicas y políticas a su vez colisiona con los límites de una globalización económica en la que Bolivia está sometida a varios poderes en el ámbito internacional.