Los actos de interpelación contra las ministras Eliane Capobianco, de Desarrollo Rural, y María Elva Pinckert, de Medio Ambiente y Agua, por las quemas en la Chiquitania finalmente fueron archivados. La diputada Norma Piérola (PDC), que había requerido el informe oral, retiró las peticiones. La tercera audiencia, con la ministra de Comunicación, Isabel Fernández, fue postergada. Los asambleístas apuntan a los titulares de las carteras de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López.

“La diputada interpelante retiró su pliego, entonces no tenía sentido seguir con esos actos y por eso fueron archivados. En el caso de la ministra de Comunicación, entendemos que está en una reunión importante por el tema del coronavirus y por eso se reprograma”, explicó la presidenta del Senado, Eva Copa, después de la sesión.

Ayer tenían que ser interpeladas las tres ministras. La sesión se instaló a las 10:00 y concluyó dos horas después porque los diputados y senadores se enfrascaron en el debate sobre el pasado del MAS y el brote de coronavirus.

Para mañana (viernes) se tiene la interpelación de los ministros Murillo y López, cuyas autoridades no hicieron llegar ninguna justificación, dijo la titular del Senado. El caso del ministro de Defensa queda en el limbo porque el 6 de marzo fue censurado por el MAS, el Gobierno dejó sin efecto su designación al día siguiente, pero el 9 de marzo fue posesionado en el mismo cargo.

Para el MAS, ya no es autoridad y Copa dijo que el equipo jurídico está analizando su caso. “La Constitución (Política del Estado) es clara, no existe la ratificación en el cargo; en la Constitución de la República ellos tenían la opción de ratificar, ahora no. Podían ponerle en otro cargo porque el señor no trajo una justificación sobre las tareas conjuntas que hubo del 22 al 28 de enero”.

Fricciones políticas

La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene pendientes cuatro actos de interpelación en los próximos 20 días. El viernes a Gobierno y Defensa por los sucesos de Sacaba y Senkata; luego el domingo al ministro de Obras Públicas, Iván Arias, por las empresas estatales y el caso Entel; finalmente, el 20 de marzo la interpelación a la canciller Karen Longaric por el caso Silala.

Los ministros Arias y Longaric hicieron conocer su disposición de acudir al Parlamento a defender sus posiciones. La canciller dijo que con gusto explicará que el Gobierno del MAS perdió la demanda marítima en la CIJ y después las anteriores autoridades adujeron que una parte del Silala fluye de manera natural a Chile.

Esta seguidilla de convocatorias a ministros fue calificada como política por los distintos legisladores que defendían a los ministros. El diputado Amílcar Barral, UD, incluso se burló de la mayoría masista porque en vano censuran. “El Ejecutivo vuelve a posesionar a la misma autoridad”. Barral recordó que la bancada del MAS defendía a ministros, como Nemesia Achacollo y César Cocarico, ahora detenidos en la cárcel.

Fue esta intervención la que desató las fricciones porque los masistas empezaron a insultar a Barral, y la diputada Betty Yañíquez (MAS), cuando hizo uso de la palabra, afirmó que los ministros de Evo Morales no fueron autores de 35 muertes como ahora, en alusión a los hechos de Senkata y Sacaba.

El TSE

Al margen de los ministros, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, debía acudir a la comisión de Constitución de Diputados para responder sobre el proceso de empadronamiento en el exterior, principalmente, a pedido de los diputados del MAS.

Fue la segunda convocatoria a la que no acudió Romero y envió una carta en la que se ratifica que una comisión legislativa no puede convocar a las máximas autoridades del cuarto Órgano del Estado.

“Entonces ante quién van a rendir cuentas estos señores”, cuestionó el presidente de esta instancia, Víctor Borda (MAS).Dijo que ahora se decidió enviar una nota al pleno de la Cámara de Diputados informando sobre el desacato de Romero.

Al margen de esa acción, los legisladores de la comisión fueron convocados a sesión hoy y analizarán un posible juicio penal contra Salvador Romero por incumplimiento de deberes.

Cinco diputados del MAS enviaron un cuestionario de 19 preguntas al TSE para que su presidente responda respecto del padrón electoral. Es una petición de informe oral.