Por: Miguel Gallardo Ardaya

Empezaremos reconociendo que los resultados de las elecciones del 20 de octubre, fueron presuntamente modificados por los exmiembros del TSE hoy investigados por conductas ilícitas, entre ellas la interrupción del TREP o el sufragio de difuntos, este último motivó la reciente depuración de unas 20.000 personas fallecidas que permanecían habilitadas en el Padrón, cifra que ha escandalizado a la clase política que tiene intereses electorales.

Mientras unos nacen otros mueren, los bolivianos tenemos un sistema deficiente de salud pública, factor que contribuye al incremento de los índices de mortalidad; basta ir a un Hospital Público y ver las causas de decesos por falta de atención médica -el acceso a la salud no es gratis-, accidentes de tránsito, diferentes hechos delictivos o porque finalmente la persona cumplió el ciclo de vida.

Las estadísticas reflejan que cada día en nuestro país fallecen aproximadamente cien (100) personas, convengamos que solo el 25% sean ciudadanos registrados en el Padrón, se tendrían 750 fallecido mes, que multiplicado por 32 meses -producto de la penúltima depuración en el referéndum del 21-F a febrero de 2020- que coincide con cifra depurada de un Padrón que tiene 7.3 millones de habilitados, entonces el presunto fraude ultratumba no representa ni 0.28% del Padrón Electoral.

Es muy peligroso que el Estado no tenga el control de los ciudadanos que fallecen, si quien otorga el Certificado de Defunción es un funcionario público “Oficial de Registro Civil”, quien registra el deceso de la persona en sus libros y el anterior sistema -Regina- actual Sistema Civil de Registro Biométrico (RC-BIO); lo inexplicable es que el presidente del TSE haya convocado a los ciudadanos a reportar sus familiares fallecidos que estén registrados en el Padrón Electoral; esto demuestra que el Sereci no cumple con los artículos 98 y 99 de la Ley de Régimen Electoral y no actualiza de forma permanente los datos al TSE de quien depende de forma directa.

No es normal que un fallecido esté registrado y habilitado en el Padrón, menos aún que hubiera sufragado, para que el difunto venga del más allá y se pase de vivo, necesariamente debió contar con la cooperación de quienes controlan las mesas electorales “jurados sorteados y designados por el TSE o los delegados de partidos políticos”, cooperación sin la cual, los difuntos no podrían votar.

En cada proceso electoral se han generado este tipo de denuncias, en el caso concreto, para establecer si esta modalidad de fraude probablemente favoreció a Morales u otro candidato, es necesario que el actual TSE -independiente, imparcial y transparente- informe los nombres y apellidos, número de mesa y recinto electoral de los difuntos empadronados que sufragaron el 20 de octubre de 2019, si no lo hiciere, la información brindada carecería de seriedad, responsabilidad y transparencia, solo crean Lázaros en tiempos electorales.

La actual administración tiene la responsabilidad de corregir los errores del pasado, el TSE debe ordenar al Sereci actualizar los datos de las personas fallecidas en el Sistema RUI del Padrón Electoral, al hacer cumplir la ley no sería necesaria tan publicitada depuración -como descubriendo la pólvora- de no hacerlo es un grave indicador que las cosas no van a cambiar o no quieren que se cambie.

Es poco probable que los difuntos hayan votado e inclinado la votación en favor de algún candidato en especial, el mayor porcentaje del fraude se habría realizado por la manipulación del TSE y la interrupción del TREP, esto lo sabremos con relativa certeza cuando exista una sentencia condenatoria ejecutoriada, o quizás más temprano, el mismo 3 de mayo cuando finalice la jornada electoral y sepamos la preferencia electoral reflejada en las urnas, siempre que no se hayan heredado las mañanas de quienes acaban de salir.