Corresponde al TSE pronunciarse, sobre si al no obedecer una disposición electoral, inhabilitará a dicho partido participar en elecciones, o permitirá la prepotencia que va en contra de determinaciones de la Constitución Política del Estado Plurinacional y Régimen Electoral. Qué dirán los que están en el cargo por decisión política o acuerdo partidario, tres de ellos por la influencia de la Presidenta del Senado y el Presidente de Diputados?

Morales y el MAS, han cometido delitos consignados en el artículo 238° del Régimen Electoral, con el agravante que muchos de estos fueron inducidos o ejercitados por servidores públicos. Las pruebas incriminatorias están en el informe de la OEA.

Al «perdonar» y autorizar participar en las elecciones al MAS, el TSE «legaliza» el fraude y paradójicamente deslegitima su existencia al violar su propia Ley Constitutiva, porque como institución llamada a sancionar no cumplió su responsabilidad.

La omisión propia del mandato y deber jurídico del Fiscal General y del TSE, al abstenerse voluntariamente de aplicar legalmente el procedimiento penal y el electoral a Morales y al MAS como partido, podría eximirles de esos delitos punibles y la persecución penal futura.

El TSE admite así, su reproducción en el futuro, porque la estructura del anterior gobierno no ha sido desmantelada. La impunidad lograda y las garantías otorgadas por el TSE, los ha envalentonado y hoy se aprestan a poner en ejecución nuevamente su «modus operandi», ante lo cual los ciudadanos solo observan impotentes el riesgo de que se desate otra burla al voto. El TSE y los partidos en campaña, son incapaces del desplazamiento personal y logístico para ejercer el control con delegados propios, en las 35.000 mesas a nivel nacional.

El TSE debe emitir Resolución que determine que, en todo el territorio nacional, incluido los 291 municipios donde las autoridades son del MAS, deben tener oportunidad de hacer conocer programas de gobierno y hacer campaña electoral todos los candidatos, y que de lo contrario se postergaría las elecciones en dichos municipios.

Ningún dirigente o partido tiene derecho para oponerse a que otros candidatos ingresen a determinados lugares, los incitadores a ese esquema inconstitucional deben ser aprehendidos y llevados a proceso.

¿Cómo podemos evitarlo o minimizarlo? La Fiscalización de los Delegados técnicos de los partidos no es suficiente. Es imposible sin la estrecha supervisión ciudadana. Es necesario reclutar un ejército de 70.000 voluntarios a nivel nacional que se registren a través de una página web y pactar entre todos los partidos la organización, la capacitación en el contenido de la Ley del Régimen Electoral y su despliegue concertado, incluyendo el envío, o el nombramiento, de responsables de controlar el voto en el exterior.

Es necesario involucrar a las Misiones de observación nacional (ONGs) e internacional, los que, organizados con presencia de la policía y de las FFAA, en despliegue planificado, supervisen las elecciones en todos los lugares del territorio.

La pulcritud del proceso no se ejerce con discursos. No basta señalar imparcialidad de los vocales del TSE, su credibilidad se demuestra con hechos, legales, como primer y último garante de la restitución del orden y justicia electoral.