DE FRENTE

Justicia que mina la democracia

JULIETA MONTAÑO S.

| Abogada y directora de la OJM julietamontaño@gmail.com | 29 abr 2018

En muchos países de la región, entre ellos el nuestro, la democracia lograda con mucho esfuerzo, se va desdibujando a pasos agigantados, generando desazón en la población que sistemáticamente pierde la fe en las bondades de un sistema que prometía justicia social, igualdad, fortaleza institucional y transparencia en el manejo de la cosa pública.

No podemos negar que los que gobiernan actualmente son elegidos por voto popular y de acuerdo a las leyes vigentes, aunque es también cierto que el ideal de participación democrática no se cumple por las desiguales condiciones de la competencia electoral, sobre todo por la presencia indisimulada de recursos económicos provistos por grupos de poder económico incluido el mafioso.

Los gobiernos, como una forma de asegurarse que la competencia no constituya un peligro para la continuidad de su proyecto, optaron por aprobar leyes que eximen al Estado de la obligación de financiar a las organizaciones políticas; de esa manera, la parcialidad política en ejercicio del poder tiene, además de la libre disponibilidad del aparato burocrático, ingresos de aportes sobre los que no está obligada a rendir cuentas, pues no existe reglamentación alguna que les exija transparentar sus ingresos.

Otro mecanismo adoptado para la perpetuación en el poder es el control absoluto de la justicia (jueces, fiscales, policía, defensores de oficio, etc.), que antes que dirimir los conflictos mediante la aplicación inteligente y crítica de las normas, asume como su función primordial satisfacer los deseos de las personas vinculadas al gobierno de turno, dictando resoluciones e informes a la carta con el consiguiente malestar de la ciudadanía y el empoderamiento de la delincuencia.

Las resoluciones judiciales, adoptadas de manera desaprensiva, sin el menor cuidado en la fundamentación para explicar el porqué casos similares son tratados de manera diametralmente opuesta, dependiendo de factores que nada tienen que ver con el proceso (influencia política, económica y social), atenta contra la base misma de la democracia. No se puede concebir una sociedad democrática si no se tiene la capacidad de garantizar una justicia independiente y libre de sospecha de corrupción.

Lo que sucede en Bolivia resulta preocupante por los vergonzosos niveles de mediocridad y corrupción de los/as operadores de justicia (con honrosas excepciones), muchos/as de los cuales han perdido hasta el mínimo resabio de dignidad que tenían (si es que alguna vez tuvieron) a cambio de mantenerse en sus cargos a los que, está visto, que accedieron inmerecidamente; así la democracia es minada por la justicia.