Ambas decisiones, la de Jeanine Áñez, que mediante decreto, dejó "sin efecto la designación de Luis Fernando López como Ministro de Defensa" y la de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que por dos tercios de votos censuró al Ministro, se ajustan al orden legal imperante en el país.

Esta es la segunda ocasión en que el Ejecutivo y el Legislativo se enfrentan en el ejercicio de sus atribuciones.

La primera ocurrió, hace poco menos de dos meses, cuando el Parlamento sancionó una controvertida ley que beneficia, en especial, a los dirigentes de MAS involucrados en hechos de violencia durante la convulsión poselectoral.

Era el mes de enero y la Presidente del Estado anunció que no promulgaría esa norma, y la del Senado respondió que lo haría ella misma. Ambas decisiones estaban enmarcadas en una estricta aplicación de las normas constitucionales. Entonces, el Gobierno elevó, al Tribunal Constitucional Plurinacional, una consulta acerca de la constitucionalidad de la ley en cuestión. Y esa acción dejó el conflicto en suspenso mientras el TCP analiza la consulta.

En esta ocasión el asunto es más directo y simple: la Constitución establece como una de las atribuciones de la ALP, "Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea”.

López fue convocado en tres oportunidades, no acudió a ninguna y, aunque en todas justificó su ausencia, el Reglamento de la Cámara de Diputados, que se aplica en caso de Asamblea, permite que se declare injustificada la ausencia del interpelado y que se vote la censura. Y así ocurrió.

Es claro que la acción de ambos poderes del Estado se ajusta a la institucionalidad. Y es también evidente que ambos casos están teñidos por la rivalidad política –y electoral– que enfrenta al Ejecutivo, en manos de un partido de tendencia opuesta al MAS, con el Legislativo, donde éste tiene mayoría calificada.

El respeto a la Constitución y al ordenamiento legal del país es un saludable signo de fortaleza de una democracia que se construye cada día.

Lo que se espera ahora es que los actores sepan priorizar los intereses de todos los bolivianos, cuando es inminente la llegada al país de la pandemia mundial del Covid-19, el impacto del dengue ha colapsado nuestro insuficiente sistema de salud y casi 12.000 familias, en varias regiones, están afectadas por los desastres naturales.

Priorizar el interés ciudadano, por encima de los cálculos electorales y las rivalidades políticas.