Básicamente, la ley es “toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas, aplicable en determinados tiempo y lugar”. Y, como de seres humanos se trata, es un “precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados”. Eso significa que se trata de algo que se debe o no se debe hacer, en procura del bien común.

Expuesta así, la ley parece ser algo sencillo: es hacer, cumplir obligaciones; como, por ejemplo, votar o pagar impuestos, pero también abstraerse de hacer otras como la comisión de delitos. A ello hay que agregar el elemento del bien común; es decir, “el bien de los gobernados”.

Pero la sencillez se acaba cuando aparecen los abogados, que son los llamados a defender la ley, pero también a interpretarla. Entonces, son estos quienes nos dicen que la ley, por un lado, es “formal” y se refiere a la que ha sido dictada por el Poder Legislativo conforme a los procedimientos específicamente preestablecidos; pero, por otro, es “material” por cuanto alude a toda norma jurídica cuyo contenido regula una multiplicidad de casos, haya sido dictada o no por el órgano legislativo. 

Ahora bien, para el político, abogado o no, la ley es simplemente un instrumento más para la conquista del poder, cuando está en la oposición, o permanecer en él, si es que está en el Gobierno. Por tanto, maneja la ley no como es, ni como debería ser, sino como mejor le conviene.

La Constitución Política del Estado es la ley de leyes así que los políticos también pueden usarla como una herramienta eficaz. Por eso es que su elaboración o reforma son motivo de arduos debates e incluso enfrentamientos que, cuando pasan al terreno de la violencia, incluso pueden provocar la pérdida de vidas humanas, como se vio en Sucre a la conclusión de las labores de la Asamblea Constituyente.

Con la distancia de los años, ahora se puede ver con claridad que todas las acusaciones contra el MAS, mientras se realizaba la Constituyente, resultaron ser ciertas. La principal de ellas es que la Constitución fue redactada a su medida y con ayuda española que, como se ha confirmado, no fue tal ya que los “expertos” que participaron en la elaboración del proyecto eran, en realidad, gente de una corriente política que ahora ha llegado al poder en España por vía de las alianzas.

Uno de los cambios de la Constitución cuyos efectos vimos estos meses es la sucesión presidencial. La anterior establecía una prelación que incluía a la presidenta o presidente de la Corte Suprema de Justicia, hoy tribunal; pero la actual excluye a esa autoridad de la cadena sucesoria. Por eso fue que, tras las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera, y las de los presidentes de las cámaras de senadores y diputados, se tuvo que buscar al siguiente en la escala de mando. Fue así como Jeanine Áñez, que era la segunda vicepresidenta de la Cámara Alta, llegó a la presidencia.

Tras esa sucesión constitucional, parecía que el MAS se había equivocado al haber eliminado al Órgano Judicial de la cadena de prelación, pero, como siempre, los políticos no pierden sino que simplemente retroceden un paso para después intentar dos. (R)