Karem Mendoza Gutiérrez

Los especialistas en Derecho Electoral y Marketing Político José Velasco y Marco Centellas redactaron siete recomendaciones para una “necesaria y futura” ley de debate presidencial obligatorio como una iniciativa para “reforzar” el voto informado y la “sana competencia” en igualdad de condiciones de todos los actores políticos.

“El intercambio  de  puntos  de  vista  diversos  (de los candidatos) posibilitará  que  los  ciudadanos  valoren  las  diferentes  propuestas  políticas, en  un  marco  equitativo,  tanto  en  participación  como  en circunstancias”, aseguró el jurista Velasco.

Ante este argumento, los especialistas en temas electorales proponen que la norma debe respetar los derechos civiles y políticos definidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y los principios de la Ley 018 del Órgano Electoral y la Ley 026 del Régimen Electoral.

Según Centellas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería convocar 45 días calendario antes del día de la votación a los aspirantes a presidente y vicepresidente de las organizaciones políticas, con el fin de ratificar su participación obligatoria en dos debates, uno presidencial y el otro vicepresidencial.

En este sentido, el reglamento deberá establecer la participación general de los postulantes o por grupos, las sedes de los debates en ciudades capitales definidas por sorteo, los recintos, horarios, las instituciones académicas, las organizaciones civiles/sociales y los periodistas o moderadores participantes, además de los temas a ser abordados. Como cuarto punto, Velasco recomienda consolidar el primer debate vicepresidencial 14 días antes de los comicios. También plantea la aplicación de una sanción para los postulantes que no asistan, como sucede en Argentina.

La quinta recomendación considera una posible segunda vuelta, cuando debiera darse un debate entre los aspirantes habilitados siete días antes del proceso electoral.

Los debates políticos debieran ser transmitidos en directo en señal abierta por los medios de comunicación televisivos, radiales y de redes sociales, sin restricción alguna y sin que esto signifique obligatoriedad para transmitir, indicó el abogado Centellas.

Finalmente, los expertos sugieren que la futura ley debe extenderse a realizar debates entre candidatos a autoridades subnacionales como Alcaldía y Gobernación. “También debe impulsarse debates entre los postulantes a senadores, diputados y parlamentarios supraestatales”, enfatizó el jurista.

En diciembre de 2019, la presidenta constitucional Jeanine Áñez envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley de debate obligatorio entre los postulantes en carrera para las elecciones del 3 de mayo. Sin embargo, luego de ocho días, la Comisión de Constitución rechazó la propuesta.

Durante los casi 14 años de gobierno, el expresidente Evo Morales nunca aceptó debatir con ningún aspirante, y cuando   su contendiente Carlos Mesa, en el contexto de los comicios anulados, le exigió hacerlo, respondió que él solo debate con el pueblo de manera constante y que no necesitaba discutir nada con sus opositores políticos.

Intenciones de debate

Es estas elecciones se retomó el tema cuando Luis Fernando Camacho, postulante presidencial por Creemos, dijo que no se presentaría a ningún debate en el que estuviera Jeanine Áñez, candidata por Juntos.

En este sentido, los voceros oficiales y representantes de Libre 21, Juntos, Comunidad Ciudadana y el  Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol) expresaron su intención de participar en cualquier debate para exponer sus lineamientos programáticos.

Sin embargo, los primeros debates organizados por la Universidad Mayor de San Andrés y por Red Uno no tuvieron éxito, ya que al primero los candidatos presidenciales no se presentaron y al segundo solo asistió Marco Antonio Pumari, de Creemos; los demás postulantes vicepresidenciales justificaron su inasistencia y dos aspirantes no fueron invitadas.