Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: lunes 09 de marzo de 2020
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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Morales y su partido, el MAS, han cometido prácticamente todos los delitos consignados en el artículo 238 del Régimen Electoral, con el agravante que muchos de ellos fueron inducidos o perpetrados por funcionarios públicos. Las pruebas incriminatorias están radicadas en el informe de la OEA.
Al “perdonar” y autorizar participar en las elecciones al MAS, el TSE “legaliza” el fraude y paradójicamente deslegitima su existencia al violar su propia ley constitutiva, porque como institución llamada a sancionar no cumplió su responsabilidad, lo que hace impracticable cualquier impugnación posterior.
La omisión propia del mandato y deber jurídico del Fiscal General y del TSE, al abstenerse voluntariamente de sancionar penalmente a Morales y al MAS como partido, les exime de esos delitos punibles y los absuelve de persecución penal futura.
La impunidad conseguida por la omisión consentida de las autoridades electorales, al no juzgar estos delitos tipificados, será objeto de responsabilidad personal en la próxima legislatura.
El TSE admite así, su reproducción en el futuro, porque la estructura masista del fraude no ha sido desmantelada. La impunidad lograda gratuitamente y las garantías otorgadas por el TSE, los ha envalentonado, y hoy se aprestan a poner en ejecución nuevamente su ====modus operandi====, ante lo cual los ciudadanos solo observan impotentes el riesgo de que se desate otra burla al voto.
El TSE y los partidos en campaña, son incapaces del desplazamiento personal y logístico para ejercer el control con delegados propios, en las 35.000 mesas a nivel nacional. En muchos de los 291 municipios donde tiene hegemonía, el MAS inducirá al fraude una vez más.
¿Cómo podemos evitarlo o minimizarlo? La fiscalización de los delegados técnicos de los partidos no es suficiente. Es imposible sin la estrecha supervisión ciudadana. Es necesario reclutar un ejército de 70.000 voluntarios, en todo el país, que se registren a través de una página web, y pactar entre todos los partidos la organización, la capacitación en el contenido de la Ley del Régimen Electoral y su despliegue concertado, incluyendo el envío, o el nombramiento, de responsables de controlar el voto en el exterior.
Es necesario involucrar a las misiones de observación nacionales e internacionales, las que organizadas con escuadras de la Policía y de las FFAA, en despliegue planificado, supervisen las elecciones allá donde el MAS tiene control sindical.
Las FFAA y la Policía podrían conservar un duplicado del acta electoral, que sólo se abriría en caso de disputa e impugnación.
La pulcritud del proceso no se ejerce con discursos. No basta una supuesta imparcialidad, idoneidad y prestigio de los vocales del TSE, su credibilidad se demostrará con hechos, como primer y último garante de la restitución del orden y justicia electoral.