En el artículo, publicado el 6 de marzo,   se indica que desde  su juramento, Jeanine Añez “ha presidido la detención de cientos de opositores, el murmullo de periodistas y una campaña de ‘pacificación nacional’ que ha dejado al menos 31 personas muertas, según el Defensor del Pueblo nacional y grupos de derechos humanos”.

 En el reportaje  se da cuenta de que en Bolivia, “incluso los políticos y activistas anti-Morales, que una vez respaldaron a Añez,  dicen que su administración ha usado amenazas e intimidación para consolidar el poder”. “Los objetivos han incluido a exministros del gabinete de Morales y políticos socialistas acusados de cargos tan variados”, se lee en el texto. 

Uno de los casos que  presenta la nota  es el de Orestes Sotomayor, a quien se  identifica como “editor” de La Resistencia, un “medio de noticias en línea de izquierda”. En el diario, los autores indican que lo sindican de  sedición contra el Estado, “por publicar noticias críticas” sobre la presidenta  Añez.

Sotomayor fue funcionario de la Agetic, y fue  aprehendido el 31 de diciembre de 2019.

Otro caso que cita la nota  es el de  Humberto Pacosillo, quien  cerró su radio Inti Pacha en noviembre,  luego de que  “las autoridades le advirtieron que podría ser encarcelado por sedición”.  “Su estación había emitido informes que culpaban al Gobierno interino de los asesinatos de manifestantes de izquierda durante los enfrentamientos que siguieron a la renuncia de Morales”, se lee en el texto. 

 Sobre el tema de los fallecidos, se indica  que  el Gobierno inicialmente culpó a los partidarios de Morales, “alegando que los manifestantes dispararon a sus propios aliados para culpar a su administración”. “Los funcionarios siguen negando que las fuerzas de seguridad hayan tenido la culpa, pero en  febrero comenzaron a negociar paquetes de compensación con las familias de las víctimas”. 

Entre las fuentes a las que los autores recurren está  Nadia Cruz, defensora del Pueblo, quien comenta que  su oficina está cada vez más preocupada porque las protestas estén siendo criminalizadas y que los cargos de “sedición” y “terrorismo” se presenten  por estar en desacuerdo  con el Gobierno. 

 Israel Alanoca, viceministro de  Gestión Gubernamental, indicó que el Ejecutivo no tiene injerencia en la justicia y que el MAS puso a las altas autoridades del Órgano Judicial y de la Fiscalía.  

“Lo que tiene que quedar claro es que el Gobierno no tiene injerencia en el Órgano Judicial. Hay que recordar que el actual Órgano Judicial, ya sea el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura, todos han sido puestos por el MAS y en otros casos han sido preseleccionados por el MAS”, subrayó la autoridad.