Medio: El País
Fecha de la publicación: sábado 28 de abril de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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“Lamentablemente vamos a esperar la voluntad del presidente de este Concejo, Iván Tellería, representante de UD, para que convoque a una sesión extraordinaria. Ojalá lo haga”, dijo a los periodistas.
Detención domiciliaria
El sábado pasado, el juez cautelar, Fernando Pérez, dictó detención domiciliaria, con resguardo policial, para el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, además de una fianza de 200.000 bolivianos, la prohibición de acercarse a dependencias ediles y no mantener contacto con funcionarios municipales, entre otras medidas.
Flores explicó que el reemplazante temporal debió ser escogido en la sesión del Concejo Municipal instalada el viernes.
Sin embargo, informó que en esa sesión sólo se dio lectura al informe jurídico sobre la legalidad de la solicitud de los representantes ediles.
Dijo que el presidente del Concejo Municipal decidió cerrar la sesión, en una actitud que calificó de decisión “dilatoria, política y que retrasa y perjudica a Cochabamba porque le deja sin un alcalde oficialmente elegido en suplencia”.
“Pero quiero advertir que si el titular del Concejo no convoca ahora a una sesión extraordinaria, voy a ver la forma jurídica de que el vicepresidente convoque a la sesión extraordinaria más adelante”, advirtió.
El concejal del Frente Único, Edwin Jiménez, dijo que el reemplazo de Leyes es urgente porque la Alcaldía de Cochabamba tiene 29 tareas paralizadas por falta de su máxima autoridad ejecutiva.
La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rocío Molina fue impedida de ingresar a la sesión por un grupo de gremiales simpatizantes de Leyes.
El pasado 3 de abril, la concejal del MAS presentó una denuncia formal contra la Alcaldía de Cochabamba tras recibir información de que los útiles y las mochilas fueron provistos por la empresa accidental “26 de Febrero”, que compró el lote en China en más de 2,3 millones de bolivianos, pero el Gobierno municipal pagó 12,4 millones de bolivianos por ese material educativo.