Durante el 175 periodo de sesiones de la  CIDH realizado ayer en  Puerto Príncipe, Haití, la delegación del Gobierno, compuesta por  el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra; el agente de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, y el procurador José María Cabrera, respondió a tres requerimientos realizados por  representantes de la nación Qhara Qhara, la Defensora y  representantes de la sociedad civil a través de la CIDH.

Cruz interpeló al Gobierno sobre cuatro puntos: independencia judicial, libertad  de expresión, persecución de defensores de derechos humanos y las consecuencias de la promulgación del  Decreto Supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas (FFAA) en la tarea de pacificación del país.

   “En Bolivia, desde el 20 de octubre de 2019 a la fecha, se ha incumplido la obligación de garantía de los derechos a la vida, integridad personal, igualdad ante la ley, protección judicial y libertad de pensamiento y expresión”, aseveró Cruz ante la Comisión de la CIDH.

Utilizando duros adjetivos, Cruz recordó que “los enfrentamientos y hechos violentos” dejaron 35 muertes y 833 personas heridas. “La Defensoría del Pueblo solicita a la comisión que inste al Gobierno a responder: ¿por qué a la fecha no existe la identificación de los responsables de las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal?”, cuestionó Nadia Cruz.

El Procurador señaló que  Cruz  tergiversó varios hechos debido a su afinidad política con el gobierno del MAS, con una serie de ejemplos acusó a la Defensora interina  de  no haber intervenido ante los abusos cometidos en la gestión de Evo Morales. Citó el caso del albañil que en noviembre de 2018 fue encarcelado por gritar  “Bolivia dijo no” en un acto al que asistió Evo en  Potosí. “¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo? Nada”, criticó Cabrera.

 El Gobierno le recordó a Cruz que durante una de las concentraciones de  cocaleros y  dirigentes del  MAS en Sacaba, Cochabamba, ella gritó  eufórica una frase característica de ese partido político: “Ni olvido ni perdón, justicia”. Por su lado, el Ministro de Justicia presentó un  informe sobre las  graves violaciones a los derechos humanos “durante los 14 años del régimen de Evo Morales, el tema del monumental fraude electoral, las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas” y denunció  también actos terroristas.

En otra de las audiencias, pese a que las vulneraciones de derechos y persecución de sus dirigentes se dio en la gestión del MAS, Coimbra comprometió la colaboración del Estado para solucionar los conflictos sociales y  de límites de la nación Qhara Qhara.

Reproche  a la CIDH

•  Cautelares  El ministro de Justicia, Álvaro  Coímbra, reprochó ayer la falta de actuación de la CIDH en el país durante la última década y criticó que esa instancia haya atendido con prontitud las solicitudes  de afines al MAS, como el caso de la defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz.
•     Reclamo  “Cabe indicar que durante estos 14 años (de gobierno del MAS), las víctimas realizaron alrededor de 150 solicitudes a la CIDH para audiencias, de las cuales sólo se otorgaron tres. Por el contrario, en estos últimos cuatro meses hoy   existe una extraña celeridad por parte de la CIDH, al punto de que ha otorgado tres audiencias, una de ellas teniendo como base un simple texto de celular”, lamentó la autoridad.