La autoridad, acompañado por el agente de Bolivia en la Organización de Estados Americanos, Jaime Aparicio, y el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, denunció que “el régimen (de Evo Morales) mató a más de 100 personas a causa de sus convicciones políticas, generó más de 1.000 exiliados, promovió una fuerte discriminación racial y política, ataques a periodistas y medios de comunicación, violó el debido proceso y la negación de acceso a la justicia contra quienes tenían ideas políticas distintas, criminalizó instituciones y/o organismos que disentían de la ideología del Gobierno, sometió al Órgano Ejecutivo a los órganos Legislativo, Judicial y Electoral y suspendió de manera ilegítima los derechos políticos”, dijo el titular de esta cartera de Estado al comenzar su presentación.

Asimismo, el ministro Coimbra reprochó la falta de actuación de la CIDH en el país durante la última década. “Cabe indicar que durante estos 14 años, las víctimas realizaron alrededor de 150 solicitudes a la CIDH para audiencias, de las cuales solo se otorgaron 3. Por el contrario, en estos últimos 4 meses, hoy, existe una extraña celeridad por parte de la CIDH al punto de que ha otorgado 3 audiencias, una de ellas teniendo como base un simple texto de celular”, lamentó la autoridad.

FRAUDE MONUMENTAL

Por otro lado, el Ministro de Justicia detalló el desarrollo del monumental fraude electoral a cargo del MAS en octubre de 2019 y, consecuentemente, denunció las graves violaciones a los derechos humanos por parte del anterior gobierno a las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía que protestaron por el fraude a nivel nacional.

“El anterior gobierno organizó ataques terroristas que pretendían hacer explotar plantas gasíferas de Carrasaco y Senkata, sembrando terror en las ciudades de El Alto, La Paz y Cochabamba por medio de saqueos e incendios contra instalaciones y vehículos de la Policía (…). Lo ocurrido el 30 de octubre en Montero, cuando dos ciudadanos fueron muertos a balazos, fue un acto cruel comandado por el ciudadano argentino Facundo Molares Schoenfeld, miembro de las FARC de Colombia y prófugo de la justicia de ese país desde el año 2017, quien daba instrucción militar a grupos de choque de Morales”.

De igual manera, la autoridad ponderó el desarrollo de la audiencia “que tiene como única finalidad proporcionar elementos para un análisis integral de parte de sus autoridades, dejando en claro no solo que la ciudadanía boliviana fue víctima de una sistemática violación de derechos humanos mediante la instauración de una compleja estructura estatal que en desviación de poder trató de consolidar un proyecto totalitarista en 14 años; sino que la reacción social al monumental fraude electoral, provocó la adopción de una serie de medidas, que constituían crímenes y terrorismo desde el Estado, mismos que fueron ejecutados por grupos armados financiados por el régimen de Morales”, puntualizó.

El titular de esta cartera de Estado solicitó la visita de expertos independientes para analizar la situación de los derechos humanos en el país. “Por todo lo expuesto, es importante señalar que el Estado boliviano, de ninguna manera, puede aceptar pronunciamientos realizados en base a prejuicios e información descontextualizada proveniente de instituciones y personas que claramente carecen de imparcialidad y objetividad, por lo que extendemos nuevamente la invitación al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para que vaya a Bolivia y, como resultado de una investigación in situ, sus autoridades puedan recién evidenciar la verdad material de los hechos ocurridos” explicó.