La determinación provocó la furia de un grupo de pobladores que retuvo a los miembros del Órgano Deliberante por casi dos horas y la Policía tuvo que intervenir con agentes químicos para evitar que la violencia se incremente.

Según el concejal Noel Arias, la resolución establece responsabilidad de la autoridad municipal y fue aprobada por unanimidad en la sesión extraordinaria de la que participaron los 5 representantes del MAS, 3 de la agrupación RETO y uno de PPS.

“La alcaldesa envió a sus grupos de choque que son loteadores del cerro, pero pudimos salir con ayuda de la Policía. Solo cumplimos con nuestro deber. No sabemos si se invirtió o no los 21 millones de bolivianos. Son 248 carpetas con esa información que debía remitir”.

Arce explicó que se trata de un proceso político en su contra y que interpondrá una acción de inconstitucionalidad. 

“Me dieron tres días para enviar las carpetas, pero son muchas y les pedí que revisen los originales. Se está vulnerando la norma. El Concejo no tiene atribuciones para suspenderme, debe ser un juez. No cometí ningún delito”.

La notificación a la alcaldesa con la resolución está prevista para el lunes, día en que también se elegirá a su reemplazante.