Castigar al corrupto y sus métodos es saludable y favorece al bien común. Si se viola la ley se debe afrontar las consecuencias. Leyes se ha convertido en un político preso y no en un preso político como él lo publicita. Al tratar de convertir un delito penal en la apariencia de un victimismo político ofende a la inteligencia pública y desprecia a quienes lo eligieron. Es una traición a la moral pública.

Haya o no intereses políticos inmersos, se trata de delitos penales, no de golpe de Estado, confabulación opositora o de subvertir el mandato constitucional, se trata de hacerlo cumplir. En una democracia, ley y democracia se identifican, puesto que la ley es la expresión de la voluntad popular y los políticos pueden cambiar las leyes pero no violarlas. Los contratos corruptos, los sobornos y las comisiones no solo destruyen la confianza pública sino también destruyen la competencia empresarial.

Tampoco es lógico ni justo que en la democracia no se exija las mismas responsabilidades y las mismas pautas de comportamiento a todos. La inflexibilidad y dureza con unos no es igualitaria con la permisividad con otros, ya que los hace impunes de facto. La reacción habitual de los partidos ante sus propios casos de corrupción es la de imputar mala fe a los que les acusan y usar a subordinados jueces para proteger a los suyos. La exigencia es que la inmediatez y diligencia mostrada en el caso se aplique con todos.

No existe la posibilidad de ejercer un "gobierno efectivo" haciendo obras, pero a la vez robando al pueblo. No se puede ser alcalde si se es presidiario. Leyes, investigado, equivale a dimitido o cesado y, en el corto plazo, a su defunción política.

El autor es abogado constitucionalista
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