Medio: El Deber
Fecha de la publicación: sábado 07 de marzo de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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El artículo firmado por el corresponsal para América Latina, Anthony Faiola, y la periodista Lucien Chauvin; señala que la falta de respuesta del gobierno estadounidense refleja lo que lo que los analistas consideran la “política ideológica” de ese país sobre América Latina desde la recuperación de la democracia en los años ochenta.
“Los críticos dicen que la administración Trump ha minimizado una ola de represión desatada por Áñez en Bolivia, los asesinatos de líderes comunitarios de izquierda en Colombia, los disparos de la policía en barrios pobres de Brasil y los presuntos vínculos de narcotráfico y abusos contra los derechos humanos de Honduras. Todos son países dirigidos por gobiernos conservadores y pro Trump”, señala el artículo.
Sin embargo, afirman, el gobierno de Trump ha liderado una campaña agresiva para condenar los abusos cometidos por líderes de izquierda, particularmente de Cuba y Venezuela; lo que los autores califican como una especie de ‘doble moral’.
Actualmente las relaciones entre la administración de Donald Trump y el Washington Post no pasan por su mejor momento. En días pasados, el gobierno presentó una demanda por difamación en la que pide que el diario les compense por dos artículos publicados el año pasado que, a su juicio, “informaron falsamente de una conspiración con Rusia como si fuera un hecho”.
Detenidos y liberados
En los últimos meses exautoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) y allegados al Gobierno de Evo Morales fueron detenidos por diferentes acusaciones, entre ellos los exministros Carlos Romero y César Cocarico, además de la exjefa de Gabinete de Morales, Patricia Hermosa.
Por otro lado, el Gobierno de Áñez ha quitado la demanda contra los acusados por el caso terrorismo, quienes se consideraban presos políticos durante la gestión de Evo Morales. De igual forma, han retornado al país líderes políticos opositores al MAS, que fueron acusados por corrupción durante la gestión anterior, como los exgobernadores Mario Cossío y Manfred Reyes Villa.