"La concesión de refugio o asilo no debe amenazar la soberanía, independencia política, integridad territorial y unidad nacional, o destruir la estabilidad política, económica o social de otro Estado, incluyendo el país de origen", reza el comunicado de la Cancillería.

El comunicado explica que cuando un asilado muestra conductas donde "propaga la guerra o aboga por el odio nacional, racial o religioso que llega al nivel de constituir incitación a la discriminación, hostilidad o violencia", el Estado receptor es requerido a tomar medidas y prohibir al refugiado que actúe de esa manera.

La Cancillería boliviana envió una solicitud de opinión consultiva a Acnur sobre el alcance de protección de "la normativa internacional cuando un refugiado emite opiniones políticas contraviniendo los principios generales del derecho del asilo y refugio". Fue presentado el 2 de enero en Ginebra, Suiza.

La respuesta de Acnur llevó al Gobierno boliviano a exigir a los Estados que concedieron o van a otorgar asilo a ciudadanos tomar medidas para que los mismos no incurran en actos que amenacen la estabilidad de Bolivia con "discursos subversivos que llaman a la violencia, al odio, a la discriminación y/o a la guerra".

El expresidente Evo Morales se encuentra refugiado en Argentina y desde su asilo constantemente emitió declaraciones a través de la prensa y por mensajes en las redes sociales. Una de sus últimas declaraciones fue cuando aseguró que estaba en constante contacto con "militares patriotas".