La Cancillería consultó en específico sobre el alcance de protección de la normativa internacional “cuando un refugiado emite opiniones políticas contraviniendo los principios generales del derecho del asilo y refugio, y realiza llamados a la violencia, la guerra, el odio, el conflicto armado y/o la privación de alimentos”. El pedido se lo hizo a raíz de diversas declaraciones realizadas por el expresidente Evo Morales, quien primero estuvo asilado en México y desde diciembre está en calidad de refugiado en Argentina, tras verse obligado a renunciar a la presidencia el pasado mes de noviembre de 2019.

“En respuesta, Acnur ha señalado, entre otros temas, que “la concesión de refugio o asilo no debe amenazar la soberanía, independencia política, integridad territorial y unidad nacional, o destruir la estabilidad política, económica o social de otro Estado, incluyendo el país de origen”, sostiene la Cancillería en su comunicado.

Asimismo, resalta que Acnur también indica que cuando un refugiado “propaga la guerra o aboga por el odio nacional, racial o religioso que llega al nivel de constituir incitación a la discriminación, hostilidad o violencia, el Estado Receptor es requerido a tomar medidas impidiendo al refugiado de tomar dichas conductas”.

En ese sentido, la Cancillería hizo un llamado “a los gobiernos que han concedido o se encuentran en proceso de concesión de asilo o refugio a ciudadanos bolivianos”, a tomar las medidas pertinentes para impedir que los refugiados incurran en actos hostiles “que amenazan la estabilidad política de Bolivia mediante discursos subversivos que llaman a la violencia, al odio, a la discriminación y/o a la guerra”.