La respuesta es clara. “La concesión de refugio o asilo no debe amenazar la soberanía, independencia política, integridad territorial y unidad nacional, o destruir la estabilidad política, económica o social de otro Estado, incluyendo el país de origen”, dice parte del documento.

Además, se detalla que cuando un refugiado incumple sus restricciones, “el Estado receptor es requerido a tomar medidas impidiendo al refugiado de tomar dichas conductas”.

El comunicado sale en un momento en que el Gobierno insiste que el expresidente Evo Morales, que tiene calidad de refugiado en Argentina, y la izquierda internacional siguen buscando desestabilizar al país con declaraciones que incitan al odio y utilizando un documento carente de valor académico y científico como el publicado hace una semana en Estados Unidos, en el que descarta un fraude en las elecciones de octubre de 2019.

El Gobierno boliviano hizo un llamado a sus homólogos que tienen refugiados a tomar las medidas pertinentes para impedir que los refugiados incurran en actos hostiles que amenazan la estabilidad política del país.

La canciller Karen Longaric señaló que más allá de “toda la campaña inmoral”, que bajo la mentira ha impulsado el Movimiento Al Socialismo (MAS) y otros gobiernos e instituciones internacionales, en el país se vive en Estado de derecho.

Se busca afectar elecciones

Según Longaric, el MAS despliegan una estrategia para obstaculizar las elecciones generales en el país e impedir la reelección de Luis Almagro en la secretaría general de la OEA.

Hace dos días, el Gobierno recibió una carta del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y en el texto niega que esa institución educativa haya hecho el criticado estudio.

La canciller señaló que el informe lo realizó el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por su sigla en inglés), una entidad dirigida por personas afines a gobiernos de izquierda. Agregó que uno de sus miembros es Guillaume Jean Sebastien Long, que fue canciller de Ecuador en la última gestión de Rafael Correa, aliado político de Evo.

Fue en el blog estadounidense The Monkey Cage que se difundió el informe elaborado por los técnicos John Curiel y Jack Williams, que son miembros del MIT. Sin embargo, la institución aclaró que el estudio fue desarrollado a solicitud del CEPR. La OEA también presentó 11 inconsistencias del trabajo del CEPR.

Antes, Morales dijo que ese informe es del MIT y contó con el apoyo de políticos de la talla de Alberto Fernández, presidente de Argentina; Manuel Zelaya, expresidente de Honduras; Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Adolfo Pérez Esquivel, premio nobel de la paz.

Pedido de México

En el frente, tras conocer el informe del CEPR, sugieren que un equipo imparcial realice una nueva auditoría a los resultados de los comicios de la pasada gestión. La representante de México ante la OEA, Luz Elena Baños, explicó que solicitó la realización de un “estudio independiente” que permita dilucidar las conclusiones del “análisis” que descarta el fraude electoral y los resultados de la auditoría realizada por ese organismo a los resultados de las elecciones generales de 2019.

“A reserva de que hemos respondido de manera bilateral a los planteamientos de la distinguida misión de Bolivia, quisiera señalar que los Estados Unidos de México presentó la solicitud que nos ocupa con la única finalidad de promover el cabal de cumplimiento de los principios y postulados de la OEA y ejerciendo la potestad que esta le reconoce a los Estados de escrutar la labor de la secretaria general”, explicó Baños.

La diplomática añadió que “si bien la nota presentada se refiere a un caso en específico, la solicitud de México debe ser entendida en un contexto amplio de legítima preocupación por el correcto desarrollo de las actividades de la secretaría general”.

El diputado Franklin Flores (MAS) solicitó conformar una comisión multipartidaria para que apoye una investigación sobre los dos estudios de las elecciones de 2019.