Para el Gobierno, esa posición “se basa en información incompleta y sesgada, recopilada de fuentes no directas”, por lo que cuestiona que el experto haya emitido “un informe sobre estos aspectos tan delicados como los ocurridos después de octubre de 2019” cinco meses después de que estuvo en Bolivia.

El informe del experto fue presentado en Ginebra, ante en el 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el 2 de marzo pasado. Contiene puntos relativos al modelo político, económico y social de Bolivia, además incluye en su sección final H comentarios sobre la “democracia, Estado de derecho y desarrollo”.

En ese mismo foro, la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por las "decenas" de exfuncionarios y personas relacionadas con el expresidente Evo Morales que "ahora son perseguidas" en Bolivia.

La administración de Jeanine Áñez consideró “preocupante” que el informe señale “que los pilares de la democracia y el Estado de derecho hubiesen quedado destruidos”.

“En efecto, si las instituciones democráticas fueron destruidas (…) fue por el colosal fraude electoral del gobierno del expresidente Evo Morales”, remarcó, contrariamente, la Cancillería, en el comunicado en el que también aseguró que la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, “no representa un retroceso en la democracia boliviana, “sino todo lo contrario”.

“Representa una recuperación de este importante pilar. El pueblo boliviano ha logrado recuperar la democracia, y las elecciones a ser llevadas el 3 de mayo de 2020 serán las más transparentes de la historia de Bolivia”, refiere el comunicado.

Según el comunicado de Cancillería, el gobierno reafirma su compromiso con la protección de los Derechos Humanos y recuerda que su principal tarea es garantizar que las próximas elecciones generales del 3 de mayo próximo sean limpias, justas y transparentes. (04/03/2020)