Daniel Valverde, abogado, analista y director del Observatorio Político Nacional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, jurídicamente esto hace que Morales ya no tenga el tratamiento de privilegio del que goza un dignatario de Estado. Eso implica que en el momento en el que él decida regresar al país, tendrá que enfrentarse a un juicio penal por supuesta sedición y terrorismo bajo las reglas de la justicia ordinaria, no de un juicio de responsabilidades. Pero esto no es todo, dependiendo de cómo se desarrolle el proceso en Bolivia, el país podría pedir la captura internacional de Morales, activando un pedido a través de Interpol, lo cual fijaría a Morales al territorio argentino, donde tiene refugio político.

Morales tiene en su contra el peritaje de un laboratorio oficial colombiano, que determinó que hay alta probabilidad de que el audio encontrado en el celular de Alejandro Yucra, hijo de Faustino Yucra, corresponda al expresidente. Según el abogado penalista y exfiscal Joadel Bravo, esto se convierte un elemento probatorio importante y puede hacer que la Fiscalía llegue hasta la acusación, iniciando un juicio contra Morales y los otros presuntos implicados.

Sin embargo, este anuncio también tiene una arista política. Para Valverde, hoy por hoy esta ratificación de la jurisdicción ordinaria le da a Morales la posibilidad de victimizarse, sobre todo a escala internacional, pero ese discurso le servirá solo hasta las elecciones del 3 de mayo. Dependiendo de quién resulte ganador, Morales puede volver al país o puede ver su retorno cada vez más lejano.

Marcelo Arequipa, politólogo, ve el suceso de ayer en el marco de la pequeña política, debido al cruce de acusaciones que en el que derivó el informe oral del fiscal general. Ve en los gritos de “malagradecido” el cobro de una factura de la bancada del Movimiento Al Socialismo a Lanchipa, que es recriminado por falta de lealtad, ya que llegó a su cargo con el apoyo mayoritario del MAS. Por otro lado, el jurista también está presionado por el Gobierno de Jeanine Áñez, que le exige acciones de oficio en este caso. 

“Esa falta de sintonía lo deja a Lanchipa en el aire, a merced del que controla los dos tercios de la Asamblea Legislativa”, explica Arequipa.

El MAS controla todas las comisiones de la Asamblea y podría enjuiciar y destituir a Lanchipa en lo que queda de la gestión. Ya lo hizo con magistrados del anterior Tribunal Constitucional Plurinacional, como Alberto Cusi, por ejemplo. De hecho, el Ministerio de Justicia ya admitió un pedido de proceso contra Lanchipa, instaurado por la abogada Cristina Mina, que cuestiona la forma en la que llegó al cargo.

Para Arequipa, al no definir nada, en este caso no juega la política grande. “No hay un costo político para nadie, porque no definirá la situación del candidato del MAS, ni beneficia al Gobierno tampoco”, opinó.