“Mediante memorial de fecha 21 de noviembre de 2019, los fiscales de materia, Willy Rojas, Ruddy Terrazas y Mario Germán Rea, informan del inicio de investigación al juez de turno de instrucción cautelar en lo penal de La Paz, en contra de Juan Evo Morales Ayma, Faustino Yucra Yarhui y quienes resultaren autores, cómplices y encubridores de los delitos de sedición y terrorismo”, dijo el fiscal Lanchipa al responder la tercera pregunta de la petición masista.

Ayer, después de 50 días se realizó el informe oral que solicitaron ocho diputados del MAS el 15 de enero, en este documento plantean siete preguntas todas referidas al juicio que tiene Evo Morales por la conversación con el dirigente Faustino Yucra Yaruhi.

Lanchipa debió comparecer el 15 de enero, antes que la Asamblea dé lectura a la carta de renuncia que presentó Morales; la misma que fue leída y aceptada en una bochornosa sesión del 21 de enero.

Sobre esa pregunta, Lanchipa dijo que la institución que dirige no tiene, en sus atribuciones, conocer la aceptación o rechazo de renuncia de altos dignatarios de Estado, pero recordó que fue de conocimiento público el comunicado de 12 de noviembre de 2019 que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que reconoció el Gobierno de Jeanine Añez; aunque el magistrado Petronilo Flores afirmó que ese comunicado no tiene valor legal.

“De otro lado, el cese en el ejercicio de las funciones vinculadas al privilegio constitucional no solamente puede darse a través de una renuncia aceptada o no, sino también a partir del abandono de funciones o la existencia de un impedimento o ausencia, casos en los cuales también se aplican los mecanismos de sucesión constitucional”, justificó Lanchipa.

“Malagradecido”

Los diputados del MAS intentaron por todos los medios una respuesta concluyente de Lanchipa del por qué decidió llevar a juicio ordinario a Morales; pero la diputada Lourdes Millares dijo que luego de las respuestas el informe debía concluir. El presidente de la comisión de Justicia, Julio Huaraya (MAS), intentó moderar para que sus correligionarios sigan preguntando al fiscal.

Al final del forcejeo de argumentos, Huaraya dio por finalizado el informe y Lanchipa abandonó el hemiciclo de la comisión. La diputada Juana Quispe, con dos de sus compañeras, empezó a lanzar improperios: “malagradecidos, represor”, espetó Quispe.

Luego dijo que fueron ellos, con la mayoría masista, los que eligieron a Lanchipa como Fiscal General y que su obligación era defender la vida de los bolivianos. Cuestionó el hecho de que hasta ahora el Ministerio Público no haya encontrado a los responsables de las muertes en Sacaba y Senkata.

Aseguró que los heridos de los hechos de noviembre siguen internados en los hospitales y los costos del pago de su curación corre a cargo de sus propias familias, porque si van a la policía son procesados y acusados.

El audio

Los legisladores preguntaron cómo obtuvo la Fiscalía los audios que implican a Morales y el representante del Ministerio Público, aseguró que ellos no conocían del caso, pero que luego llegó a su conocimiento el caso abierto en Santa Cruz contra Alejandro Yucra Sofo, hijo del dirigente Faustino Yucra, quien está implicado en el audio. Con él hay otros dos acusados, Vicente Condori Rodríguez y Alfredo Mamani Aguilar, quienes están acusados de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y fabricación ilícita de explosivos.

Ese fue el inicio del proceso. Una vez capturado el hijo de Faustino Yucra, revisaron sus pertenencias y encontraron el teléfono Samsung J-1 y en el que encontraron el video de la conversación de su padre con Evo Morales y como el ministerio de Gobierno denunció a Morales por sedición y terrorismo en La Paz, el caso fue trasladado a la sede de Gobierno.

De ese modo, Morales y Yucra fueron acusados de esos dos delitos y la causa radicó en el juzgado Décimo de Instrucción. Desde entonces hubo varias actuaciones de los fiscales.

En este punto, Lanchipa explicó los dos procedimientos que realizaron al teléfono de Alejandro Yucra, uno a cargo del Instituto de Investigaciones Técnico – Científico de la Universidad Policial (IITCUP) y del que participaron también peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif), los que certificaron que la voz que se escucha en el video corresponde al expresidente, Evo Morales Ayma.

Luego enviaron el dispositivo a Colombia de donde recibieron respuesta el 26 de febrero y en el que los peritos colombianos también dijeron que existía una “alta probabilidad” de que la voz sea del exmandatario.

A esta altura, ninguno de los 20 diputados del MAS que estaban en la comisión se veía conforme con las respuestas. La diputada Juana Quispe y otras cuatro de sus colegas tenían el celular apuntado hacia Lanchipa y los que solicitaron el PIO se turnaron para lanzar las siete preguntas.

Las bases

La sexta pregunta pretendía saber las bases jurídicas que hay para llevar a proceso ordinario a Morales. En palabras técnicas y rápidamente, Lanchipa afirmó que los delitos no fueron cometidos en el ejercicio de funciones. También dijo que la Ley 044 establece qué delitos son considerados dentro del ejercicio de funciones de los altos mandatarios.

El abogado Ricardo Maldonado explicó que la Ley 044 establece con claridad qué delitos están considerados como parte del ejercicio de las funciones de los altos mandatarios y ciertamente, los delitos de sedición y terrorismo no figuran en esta nómina.

Para los legisladores del MAS, en cambio, mientras no se leía la carta de renuncia de Morales, este seguía siendo presidente y por tanto merece un juicio de privilegio y que debía ser la Asamblea Legislativa la que autorice el juicio de responsabilidades.

Los 20 procesados

La última pregunta estuvo dirigida a saber el estado de la investigación, aquí Lanchipa se explayó en sus argumentos y dijo que ya hay actuaciones de los fiscales. La causa se encuentra en la etapa preparatoria con relación a los siguientes imputados: Luis Hernán Solís Morales, con detención preventiva; Hernán Morales Virreira, con detención domiciliaria.

Le sigue, Patricia Hermosa Gutiérrez, exjefa de gabinete de Evo Morales, detenida el 31 de diciembre y sobre quién se emitió una resolución fiscal de imputación y el juez dispuso, “en su contra la medida cautelar de detención preventiva”.

Luego, el fiscal dijo que junto con estas personas hay una resolución fiscal del 19 de febrero que decide ampliar las investigaciones “en contra de otros 14 ciudadanos descritos en el referido memorial”, esta fase está en etapa de investigación preliminar.