Medio: La Razón
Fecha de la publicación: miércoles 04 de marzo de 2020
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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En el proceso electoral 2020 es indudable que la mayoría se definirá nuevamente por un voto-útil, cuyo control y decisión es estrictamente del ciudadano. Como se sabe, su uso en las elecciones de octubre de 2019 decidió una fuerte oposición a la continuidad del gobierno, expresada en un voto castigo contra el MAS o, visto desde otra perspectiva, como un voto utilitario concentrado en la candidatura de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana (CC).
No debe extrañar que sea nuevamente este mecanismo el que decida las elecciones de mayo 2020, aunque ahora la opción es menos evidente porque se desarrolla una disputa balanceada entre CC y Juntos, o acaso con mayor precisión, entre Carlos Mesa y Jeanine Áñez.
Dos encuestas recientes muestran que la votación se concentra en el MAS (30,6% según Ciesmori y 32% según Mercados y Muestras), CC (17,6% Ciesmori y 23% Mercados y Muestras) y Juntos (16,8% Ciesmori y 21% Mercados y Muestras). Las otras fuerzas están muy por debajo, como es el caso de Creemos (8% Ciesmori, 15% Mercados y Muestras), y FPV de Chi con 6% según tanto por Ciesmori como por Mercados y Muestras.
Poniendo estos datos en el telón del arco ideológico que dibuja el espectro electoral, siguiendo los datos de Mercados y Muestras, tenemos que el 76,0% se concentra en el centro y centro izquierda (MAS centro izquierda 32%, y Juntos y CC, centro 44%), mientras que 21% es un rebalse a la extrema derecha (Creemos, FPV), y 3% está en la centro derecha.
Desde otra perspectiva, estos datos revelan que 68% de quienes ya decidieron su voto se podrían definir como un voto instalado en la oposición al MAS o a favor de otro candidato. La paradoja es que al no corresponderse la pretendida unidad de las oposiciones con acuerdos electorales, confiándose en que será la ciudadanía quien organice, clasifique, priorice y concentre el voto, el MAS, si llegara a alcanzar su propósito de atraer votación en las clases medias, podría ganar las elecciones.
Según la encuesta Ciesmori, ante la pregunta “¿Ya tiene decidido votar?”, 45,6% dice que no todavía. Y ante la consulta “¿Si mañana fueran las elecciones por qué candidato para presidente o presidenta Ud. votaría?”, los indecisos, más quienes no votarían y los que no saben o no responden, suman 16,2%. Este porcentaje está por debajo del que se tenía en las elecciones de octubre 2019, donde los indecisos alcanzaban el 25% aproximadamente.
Anotamos este dato por su importancia para las estrategias que, a diferencia de las elecciones de octubre 2019, en las que su prioridad era captar el voto indeciso; además del voto útil, en las elecciones de mayo, la búsqueda de ampliación del voto pasa fuertemente, además, por una triple capacidad: la apertura a incorporar a otras organizaciones políticas y ciudadanas; su capacidad de expansión a nuevos sectores sociales, particularmente populares y campesinos; y, finalmente, saber generar pactos con otras fuerzas políticas, activando el mecanismo de las alianzas-útiles o alianzas de conveniencia pragmática y/o partidocráticas, y eventualmente programática.
Con esta distribución de la tendencia y del espectro electoral, además de las características de las coaliciones existentes, es altamente probable la activación de un mecanismo de desactivación de las organizaciones sin posibilidades de triunfo, provocando su entrismo pragmático-partidocrático a los frentes que sí tienen opciones de ganar, operando un mecanismo al que llamamos procesos de alianza-útil, por medio de la cual algunas candidaturas sin posibilidades de triunfo electoral o de resultados que les permitan al menos salvar su sigla, opten por bajarse de la contienda electoral, ya sea como organización en pleno, o por separado algunos de sus componentes, para apoyar a las tiendas políticas con posibilidades de disputar el triunfo electoral.
GOBERNABILIDAD. La transición electoral está imbricada con la transición gubernamental, lo que lleva a la necesidad de prever y trabajar ya en proceso electoral, elementos que garanticen la gobernabilidad, sabiendo que ésta será compleja, tanto por las medidas que serán necesarias tomar, así como por la composición heterogénea del Legislativo. Para esta definición es necesario tomar en cuenta que, mientras las alianzas electorales pueden ser pragmáticas y partidocráticas, las alianzas por la gobernabilidad son por definición programáticas.
En este contexto, pensando ya no solo en resultados electorales sino en la gobernabilidad, ¿no será momento para que el MAS además de su afianzamiento trabaje articulaciones y convergencias con sus opuestos?, ¿no será el momento para que CC y Juntos empiecen a diseñar formas de articulación que, aunque no deriven en unidad, contemplen pactos programáticos —por construirse—?
Un recurso posible de pactos programáticos que superen los pragmáticos y partidocráticos tendría que revisar la experiencia ya vivida entre las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, con la denominada democracia pactada, para rescatar sus bondades y superar sus falencias.
José Luis Exeni, cuando define la democracia pactada, afirma que “quizás (…) no sea más que una forma de nombrar a la democracia (representativa) enfatizando el hecho de que, en el régimen político, de referencia, predomina una lógica de concertación (de orden más bien transaccional en la mayoría de los casos) en lugar de una lógica amigo-enemigo o un escenario con alguna fuerza hegemónica”.
Y en un balance de su funcionamiento señala que entre sus falencias prevalecieron las lógicas clientelares, prebendales, patrimonialistas y el impúdico y desvergonzado cuoteo en todos los niveles del Estado, lo que llevó no solo a un desposicionamiento del modelo, sino a una pérdida de credibilidad y a niveles de desconfianza en el funcionamiento de la propia democracia, provocando una crisis de representación en el sistema político.
Entre los elementos positivos está el sentido de la democracia pactada, consistente en un acuerdo necesario para la gobernabilidad con estabilidad política y social. Entre otros aspectos positivos se pueden señalar la modernización institucional, y la consecución de consensos para la definición de políticas públicas.
El escenario ha cambiado, el campo político sigue manteniendo su representación en sus opuestos, pero requiere otras alternativas en sus salidas democráticas.
Los pactos políticos son la condición de posibilidad para la profundización de la democracia, siguiendo el camino que une la transición electoral con la transición gubernamental y con la transición estatal