Siempre con el régimen castrista y el chavismo venezolano por detrás, los operadores visibles de la renovada campaña internacional son los gobiernos de Argentina y México, además de otro tanto de activistas sociales, académicos y funcionarios de ciertas organizaciones de Derechos Humanos.
Demás está recordar que tanto México como Argentina no solo concedieron asilo o refugio político a Evo Morales y su más próximo entorno, sino que alentaron y dieron protección —y todavía lo hacen— a actividades políticas de desestabilización de Bolivia desde sus respectivos territorios, violentando elementales normas del derecho internacional.
¿Por qué Bolivia es nuevamente el foco de atención internacional?
Bolivia fue, en los últimos catorce años, una pieza más de ese proyecto de la izquierda castro-chavista latinoamericana, lo mismo que Ecuador de Rafael Correa o Brasil de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Uruguay acaba, hace escasas horas, de abandonar el club de los aliados del Socialismo del Siglo XXI con la reciente asunción al poder de Luis Lacalle Pou; y en Centroamérica la situación es similar, con excepción del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador.
Las dictaduras de Cuba y Venezuela, que en su momento fueron las grandes articuladoras de ese proyecto político expansionista, hoy se hallan cada vez más acorraladas y agotadas. 
Hoy solo luchan por su supervivencia y lo hacen desestabilizando otras democracias de la región. Bolivia, con Evo Morales como su estandarte desde Argentina, no es sino una pieza más de todo ese entramado.
Hoy, el blanco de la reciente embestida es la OEA, a la que buscan desacreditar por supuestamente haber certificado sin fundamentos ni pruebas el escandaloso fraude de octubre del pasado año, con el que Evo Morales pretendía afianzarse en el Gobierno sin concurrir a una segunda vuelta electoral. 
Pero nada es casual: al hacerlo, usando el caso boliviano como argumento, únicamente pretenden golpear al mayor enemigo hemisférico del castro-chavismo cubano y venezolano, Luis Almagro, y evitar su reelección en la Secretaría General de la OEA.
Son otros, pues, los intereses que están en juego. Y en ese afán, al expresidente Evo Morales poco o nada parece importarle lo que piensen, sientan o deseen los ciudadanos bolivianos, o la suerte de su propio partido político —el Movimiento Al Socialismo (MAS)—, que resulta siendo el directo perjudicado cuando se insiste en sostener la mentira de que hubo un golpe de Estado y no un fraude electoral.
En los últimos meses y ahora mismo, el gobierno de transición tendría que haber estado firmemente comprometido en desmontar toda la trama internacional que se ha tejido contra la constitucionalidad del proceso democrático boliviano, desmantelando cualquier vestigio interno o externo que pretenda socavar su legitimidad. 

No fue así: los objetivos centrales de este corto pero trascendental período para el rumbo futuro del país quedaron subalternizados desde el momento en que la actual administración se involucró en un proceso electoral que —a juicio de muchos— debió administrar conservando una necesaria equidistancia.