Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 04 de marzo de 2020
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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Con demasiada frecuencia, algunos actores políticos mienten, deforman los hechos y acusan falsamente de inexistentes inconductas, y aún de delitos, a sus adversarios. Esto, por supuesto, con la intención de echar culpas –existentes o no– a sus oponentes y con la subyacente intención de ocultar sus conductas reprobables. Esta práctica es más notoria en los autócratas y tiranos, especialmente en los que, a la vez, pretenden eternizarse en el poder.
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Realmente hay varias maneras de mentir con fines políticos. En unos casos son los ofrecimientos, a sabiendas de que son imposibles de cumplir, como aquello de que “En diez o veinte años, estaremos mejor que Suiza”. Y en otros, simplemente, negar hechos.
Ahora, como prueba de que esta conducta no tiene límites, se repiten los embustes de quienes no miden recursos ni medios para ocultar despropósitos, engaños, actos de corrupción, etc., acusando a otros. No solo eso, el populismo que se extendió en varios países de América Latina, contrata artífices en la mentira, dedicados a hacer aparecer los embustes como verdades irrefutables.
En efecto, el diario estadounidense The Washington Post, recientemente publicó una nota en la que John Curiel y Jack Williams, dos ciudadanos de ese país, afirmaron que, “en base a un estudio (…) no hay evidencia estadística” de fraude electoral en las elecciones celebradas en Bolivia el 20 de octubre de 2019, contrastando así el informe de especialistas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que concluyeron en que hubo engaños y, al final, fraude electoral para favorecer al candidato oficial.
Un elemento que pone en duda lo afirmado por los dos estadounidenses es que el fraude en favor del candidato oficial, no fue solo en el acto eleccionario, sino que también se cometió anticipadamente; por ejemplo, con la vigencia del Padrón Electoral contaminado con inscripciones múltiples de ciudadanos adeptos al régimen, y con la inclusión de miles de personas fallecidas, cuyos votos se registraron.
Todo esto muestra el interés de los ahora desplazados del poder en convencer que el cambio de gobierno fue producto de un golpe de Estado, ciertamente inexistente.
En realidad, en el afán de negar la ostensible inmoralidad y fraude en las elecciones de octubre, los autores de semejante distorsión fueron contratados por Guillaume Long, excanciller del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, uno de los exponentes del populismo ahora prófugo de la justicia de su país, y parte de la entente cubano-venezolana. Y, cuando no, con el respaldo del kirchnerismo.
Luego, la OEA ha respondido mostrando la verdad. Como dice el refrán popular, “las mentiras tienen patas cortas”.
