Al menos 11 puntos permiten establecer las diferencias entre ambos trabajos. Entre ellas se pueden destacar las siguientes: el de Monkey Cage fue realizado por un par de personas, una de ellas, Jack Williams, quien en diciembre pasado firmó un documento a favor del expresidente Evo Morales. Mientras que el trabajo de la OEA fue realizado a solicitud del Estado Plurinacional de Bolivia, por un equipo multidisciplinario y técnico de 36  personas.

El informe Monkey Cage, que se publicó en un sitio del diario Washington Post, plantea la idea de que el gobierno de Evo Morales cayó debido a un golpe de Estado y que no hubo fraude en las elecciones del 20 de octubre pasado. Sin embargo, el mencionado trabajo presenta evidencias sobre su escasa pulcritud.

Por ejemplo, este trabajo fue sistematizado en apenas tres páginas, mientras que el informe de la OEA fue realizado en 96 páginas.

Los dos profesionales analizaron la información a la que accedieron en Estados Unidos, mientras que la OEA desplegó un equipo que investigó en Bolivia, donde realizó entrevistas a profesionales del Tribunal Supremo Electoral y a otros actores del fallido proceso del 20 de octubre.

Según se puede observar en el trabajo difundido la anterior semana, no da luces sobre el análisis informático del proceso electoral, como ocurrió en Bolivia por parte de equipos nacionales y el de la misma OEA, que descubrieron manipulación informática, como la incorporación de servidores ajenos al sistema establecido y aprobado por el propio TSE.

Tras el estallido de la crisis del 20 de octubre, provocado por la suspensión en la difusión de la Transmisión Rápida de Actas (TREP), diferentes grupos ciudadanos denunciaron con muestras la manipulación, alteración y falsificación de actas electorales en territorios donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tenía control.

Sin embargo, el trabajo de Monkey Cage no hace alusión a esas evidencias, mientras que el equipo multidisciplinario evidenció y reafirmó las denuncias hechas por los grupos ciudadanos, pues llegó a establecer el impacto que una porción de las actas adulteradas tuvo en el resultado final de las elecciones del pasado 20 de octubre.

El par de profesionales, que parte del criterio que no hubo fraude en los comicios, no analiza la información que está disponible en el Tribunal Supremo Electoral, ni realizó entrevistas a las diferentes personas y organizaciones políticas en Bolivia.