Esa situación se ha visto impulsada con el ya famoso artículo publicado por el Monkey Cage, un sitio que se publica en la web del Washington Post, uno de los diarios más importantes de EEUU. Dos investigadores de la Universidad MIT de ese país aseguraron en el texto que no se puede aseverar, desde un punto de vista estadístico, que hubiera habido fraude en las elecciones pasadas en Bolivia. Dice el artículo que el cambio de tendencia antes y después de la interrupción del TREP no es observable desde el punto de vista probabilístico.

Se debe  puntualizar varias cosas al respecto. Uno, que existen en Bolivia estudios, precisamente probabilísticos, que demuestran que sí hubo un cambio de tendencia inexplicable entre el 83% computado inicialmente y el 17% computado después. Si la distancia entre Morales, que ocupó el primer lugar en los comicios, y Carlos Mesa, que estaba segundo, era originalmente de siete puntos, ésta subió a 20% para que el resultado final fuera de 10,5%. Convenientemente ello evitaba la segunda vuelta.

Segundo, el Monkey Cage no advirtió a sus lectores de la existencia de un estudio anterior, realizado por el Center for Economic and Policy Research (CEPR), una entidad que ha defendido a los gobiernos de la extinta ALBA. El CEPR, dirigido por Guillaume Long, excanciller de Rafael Correa y amigo de Evo Morales, defiende las gestiones de Morales y Nicolás Maduro. En diciembre, ese centro llegó a la conclusión de que no hubo fraude en Bolivia. Luego contrató a los dos investigadores del MIT mencionados para que refrendaran el estudio. El Monkey Cage no aclaró cuál fue el origen de la investigación.

Tercero, el fraude en Bolivia puede demostrarse estadísticamente, pero también con pruebas obtenidas “en terreno”. El estudio de la OEA establece que, por ejemplo, una sola persona llenó decenas de actas, que un tercer y cuarto servidores, ambos desconocidos para el personal del TSE, generaron datos falseados de la elección y que en lugares remotos del país se manipularon los votos. Nada de eso menciona el artículo.

Pese a sus inconsistencias, tan obvias, el mencionado artículo también ha gozado de una enorme difusión, mucha más de la que realmente ameritaba dada la clara relación de sus autores con un centro, como el CEPR, dedicado a promover tendencias favorables a los gobiernos que apoya (Hugo Chávez y de Rafael Correa, principalmente). Su director Mark Weisbrot estuvo también en Bolivia para asesorar al gobierno de Evo Morales en sus primeros años.

Por otro lado, ha jugado un claro papel la desinformación, pues muy pronto la gente empezó a decir que era una noticia -y es una opinión-, y que es del Washington Post -y es un artículo que se comparte en un sitio específico de este periódico y no representa ni un eje informativo ni un pronunciamiento editorial-. 

Finalmente, se dice que es una investigación del MIT de EEUU que se conoce por su experticia en ingeniería, tecnología y economía, no así en ciencias políticas.

Pero lo más sobresaliente es la ausencia de un fact checking en esta nota que tanto revuelo ha causado: no se tomaron los autores la molestia de leer el informe de la OEA, ni revisaron los hechos como que la interrupción del TREP se hizo por instrucción del Ejecutivo, y que se han descubierto servidores clandestinos para ingresar actas adulteradas. 

Claramente, estos dos “consultores” fueron contratados y pagados con un fin, el mismo que se hubiera logrado de no haber cometidos omisiones y errores tan burdos. Con tanto traspié no deberían pagarles por sus servicios.