En el marco de la institucionalidad electoral, se pretende monitorear las normas y procedimientos a partir de la promulgación de la Ley de Convocatoria a elecciones generales del 24 de noviembre de 2019, hasta el cierre del proceso electoral,  es decir, la publicación de resultados finales, tal como establece la Ley  de  Régimen Electoral. 

Se enfocará en las actividades previas y las contenidas en el calendario. Esto incluye el marco legal que normará el proceso, la inscripción e inhabilitación de candidatos, campañas electorales, inscripción de ciudadanos, mejoramiento del padrón electoral biométrico, la elaboración del material electoral, las acciones de capacitación a funcionarios electorales, de información y orientación a los votantes, la actuación de los medios de comunicación, la votación, la transmisión rápida de resultados del escrutinio, el recuento de votos, el seguimiento de los contenciosos electorales y el anuncio de los resultados. 

“El Estudio de Integridad Electoral se realiza para vigilar que todas las etapas del proceso electoral se desarrollen de acuerdo con estándares internacionales de elecciones, que tienen que ver con la transparencia, independencia, legalidad, equidad y eficiencia”, declaró la responsable del proyecto de Estudio de Integridad Electoral, Sandra Verduguez. 

Se plantearon  tres tipos de observación:  a través de la difusión de noticias en medios de comunicación, mediante el intercambio de información con el Tribunal Supremo Electoral y la observación el día de la elección a través de reporteros electorales desplazados en todo el país. 

La decisión de las organizaciones civiles nace tras la crisis institucional que ha vivido el país, como consecuencia de las elecciones del 20 de octubre de 2019, calificadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos   y como “completamente irregulares” por la Unión Europea.