La reunión abierta donde participaron activistas ambientales, dirigentes y ex dirigentes cívicos, se desarrolló en horas de la mañana, donde los presentes dejaron establecido que se tiene que cumplir el mandato del cabildo, que “Tariquía no se toca” bajo ningún justificativo ni argumento. Pero también pidieron la anulación de esos contratos, tarea que está bajo responsabilidad del poder Legislativo, conformada por dos tercios por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Para el ministro de Hidrocarburos, Víctor Zamora, el problema de Tariquía es una herencia dejada por el gobierno de Evo Morales, gestión cuando se firmó los dos contratos: uno es el de San Telmo que es operado por Petrobras y el bloque Astillero a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Chaco.

Para el ministro esos contratos nunca debieron de firmarse, en el entendido que Tarija puso la condición que Tariquía no se toca. Entonces, lo primero que hizo al llegar al Gobierno fue paralizar el bloque San Telmo porque ingresaba el “núcleo duro” de la Reserva.

En cuanto a Astilleros, que tiene una parte que involucra la Reserva y otra que no, la instrucción fue empezar a reorientar todo tipo de acción o intervención de hidrocarburos en la parte que está fuera de Tariquía.

“Lamentablemente la desinformación que se tuvo fue llevada al extremo – comentó Zamora -.  Existen dos posiciones: por un lado un grupo de ambientalistas que intenta eliminar el contrato de Astilleros y por otro, un distrito acompañado por las autoridades de Bermejo que dicen que la intervención en la zona que esté fuera de la Reserva, se explote”.

En ese sentido, las actividades en esos lugares quedan paralizadas hasta que se tenga un nuevo Gobierno electo, quien será el que tome la decisión en consenso con las comunidades.

Otro de los temas abordados fue Ley de Incentivos, el compromiso asumido por parte del Ejecutivo nacional es enviar información clara sobre los recursos económicos que se tiene en cuanto a esa normativa, la cual no cumplió con el objetivo, porque recortó  recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburo (IDH) a las universidades, gobernaciones y municipios.

Lo que se conoce hasta la fecha es que esos fondos están en custodia del Banco Central de Bolivia (BCB), pero no fueron usados por ninguno de los operadores, porque la ley tiene una complicación reglamentaria que no permite el verdadero incentivo para las empresas que trabajan en el rubro.

En ese sentido, Zamora ve necesario auditar todo lo que ocurrió con la Ley de Incentivos de manera urgente. Entiende que se necesita un mecanismo de relacionamiento honesto, abierto y trasparente. Eso significa reglas claras en una nueva Ley de Hidrocarburos que debe hacer la próxima autoridad electa.