En el marco de la institucionalidad electoral, se pretende monitorear las normas y procedimientos a partir de la promulgación de la Ley de Convocatoria a Elecciones Generales del 24 de noviembre de 2019, hasta el cierre del proceso electoral; es decir, la publicación de resultados finales, tal como establece la Ley Nº 026 de Régimen Electoral. 

Se enfocará en las actividades previas y las contenidas en el calendario electoral. Esto incluye el marco legal que normará el proceso, la inscripción e inhabilitación de candidatos, campañas electorales, inscripción de ciudadanos, mejoramiento del padrón electoral biométrico, la elaboración del material electoral, las acciones de capacitación a funcionarios electorales, de información y orientación a los votantes, la actuación de los medios de comunicación, la votación, la transmisión rápida de resultados del escrutinio, el recuento de votos, el seguimiento de los contenciosos electorales y el anuncio de los resultados. 

"El Estudio de Integridad Electoral se realiza para vigilar que todas las etapas del proceso electoral se desarrollen de acuerdo con estándares internacionales de elecciones, que tienen que ver con la transparencia, independencia, legalidad, equidad y eficiencia", declaró la responsable del proyecto de Estudio de Integridad Electoral, Sandra Verduguez. 

Se han planteado tres tipos de observación, a través de la difusión de noticias en medios de comunicación, mediante el intercambio de información con el Tribunal Supremo Electoral y la observación el día de la elección a través de reporteros electorales desplazados en todo el país. 

La decisión de las organizaciones civiles nace tras la crisis institucional que ha vivido el país, como consecuencia de las elecciones del 20 de octubre de 2019, calificadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA) y como "completamente irregulares" por la Unión Europea. 

Bolivia se encuentra en un momento crucial que tiene como principal desafío el fortalecimiento de la democracia, especialmente para aquellos sectores de la población que quedaron relegados del ejercicio pleno de una ciudadanía activa, como parte de un Estado de derecho. 

En este contexto, las organizaciones civiles asumen un rol fundamental para mejorar los índices de transparencia y confiabilidad de las instituciones democráticas, como el TSE, que en los últimos años ha sufrido la ausencia de institucionalidad y credibilidad. 

En consecuencia, uno de los objetivos de la iniciativa es que la sociedad civil esté plenamente informada sobre la administración de los comicios. La transparencia y el acceso a la información son principios centrales que deben coadyuvar a consolidar la institucionalidad electoral y democrática. 

La iniciativa fue asumida en el marco de la Declaración de Principios Globales para la Observación y Monitoreo no Partidario realizado por las organizaciones ciudadanas, la cual ha sido adoptada el año 2012 y suscrita por más de 190 organizaciones, que incluye una serie de estándares para la observación y monitoreo. 

De esta manera, se pretende cooperar con las entidades electorales y autoridades gubernamentales relacionadas con las elecciones; asimismo, difunde observaciones, evaluaciones y determinaciones que se basan en normas nacionales y en obligaciones respecto a las elecciones democráticas establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como estándares, principios y compromisos que se presenten en los documentos internacionales y regionales, incluyendo estatutos, pactos y declaraciones, entre otros.