Entonces, el MAS controlaba los dos tercios en la Asamblea Legislativa Departamental, que presidía Adriana Salvatierra como Presidenta del Senado, mientras que Víctor Borda era el Presidente de la Cámara de Diputados.

El poder absoluto de los dos tercios, inédito en Bolivia y en cualquier otra democracia occidental en este siglo XXI, le había permitido, por ejemplo, nombrar al Fiscal General Juan Lanchipa o al Defensor del Pueblo – aquel David Tezanos Pinto que acabó siendo una telenovela en sí mismo y que luego fue reemplazado por la cuestionada Nadia Cruz.

Los dos tercios le concedieron la oportunidad de peinar todas las postulaciones al Tribunal Supremo Electoral en tres ocasiones, acomodando las convocatorias a sus principios, y también a todos los candidatos a las elecciones judiciales que acabaron conformando el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo – que ahora preside la tarijeña Cristina Díaz -, el Tribunal Medio Ambiental y el todavía más poderoso Consejo de la Magistratura, por donde se han ventilado todo tipo de escándalos, como la venta de ítems o la intervención en juicios incluso de feminicidios.

Aun con dos tercios en la Asamblea, el Gobierno se permitió mantener en el interinato cargos tan importantes como el Presidente de YPFB, el Presidente del Banco Central de Bolivia o el Contralor General, cargos que si son institucionalizados a través la votación en la Asamblea, adquieren una posición de “intocables” como la que tiene el Fiscal General.

El MAS, en octubre de 2019, controlaba seis de nueve Gobernaciones – todas menos Tarija, Santa Cruz y La Paz – y 229 municipios de 339 que hay en el país, lo que indirectamente le da el control de las Asociaciones Municipales de cada departamento, que actúan de contrapeso a la Gobernación, y por ende, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), que es un poderoso órgano de incidencia legislativa y de gestión y que hoy presidente el alcalde de Uriondo, Álvaro Ruíz.

El MAS tenía el control de todos los movimientos sociales del país, salvo unos pocos que habían salido librepensantes – Adpecoca, CIDOB, etc. –, pero que pronto se vieron obligadas a cohabitar con los sindicatos paralelos creados ad hoc.

El MAS controlaba las Fuerzas Armadas a través de un comandante supuestamente comprometido como Williams Kaliman, y también la Policía a través del Ministro Carlos Romero, muy cómodo en los últimos años en esa función.

El MAS controlaba la Central Obrera Bolivia (COB), que en el último giro ya había aceptado hasta curules propios a viva voz dentro del MAS a cambio de callar. El MAS tenía influencia además en la Cámara de Industria y Comercio y en la poderosa Cámara Agropecuaria del Oriente, encantada con la deforestación, el etanol, los créditos de las AFP o el permisito para los transgénicos.

El MAS controlaba embajadas, todas desinstitucionalizadas; sindicatos de Transporte; colegios profesionales como el de los abogados; Juntas Vecinales; barras de equipos de fútbol; medios de televisión y había creado al menos uno de prensa escrita en cada departamento para inflarlo en plata mientras repetía sus palabras en tapa.

Encima de todo ese montón de poder estaba Evo Morales. A su lado, Álvaro García Linera.

Lo primero que el MAS perdió fueron las calles. Las evaluaciones menos apasionadas de los 21 días de paro en octubre y noviembre coinciden en que no se pueden catalogar ni mucho menos como exitosos o contundentes. Paros esporádicos, sin causar demasiados problemas, pero con un profundo valor simbólico, sobre todo por la continuidad.

Después perdió buena parte de apoyo de la opinión pública: las burlas a los universitarios, las amenazas a cercar ciudades y la insistencia sobre el asunto de clase y racial no caló y no logró desarticular la protesta.

Después perdió el apoyo en las entidades subnacionales. Ninguno nunca había tenido la votación de Evo en esa segunda ronda que suponen las elecciones municipales y departamentales, y un varapalo como el sufrido por el partido a nivel nacional, acabara como acabara, iba a tener consecuencias en las aspiraciones de la mayoría de sus cargos medios, por lo que optaron simple y llanamente por el silencio.

La campaña había sido dura y las arcas estaban secas. 14 años de prebendalismo pasó factura: apenas los movimientos más leales  – cocaleros, choferes – quedaban en pie. Ni la UPEA se manifestó.

Después perdió el apoyo policial, un paso cantado que solo el ministro Carlos Romero se empeñaba en minimizar y en considerar un asunto meramente laboral. Camacho ya estaba en La Paz y el miedo a que todo se derribara empezó a abrir brecha.

El domingo 10 de noviembre, Kaliman sugirió la renuncia. A más, la Central Obrera Boliviana sugirió la renuncia. Y ese mismo día, Evo Morales hizo ronda de contacto por su bancada en la Asamblea pidiendo las renuncias, y le dijeron que no.

Ni bien renunció, los vocales del TSE fueron encarcelados en una operación comandada por el Fiscal General Juan Lanchipa, clave en otros procesos como el de Terrorismo, que ha desarticulado buena parte del MAS. Ni sus medios creados y pagados le dieron cobertura.

Morales se fue a México y luego a Buenos Aires dónde seguía contando con el apoyo internacional, más luego de los episodios diplomáticos surrealistas con España y México, hasta que deslizó aquello de crear milicias armadas en su retorno al país. Hasta Alberto Fernández le pidió moderación.

Luego se quiso habilitar como candidato al Senado y el TSE lo bajó. Nadie se levantó.

Una última ofensiva con investigadores del MIT y en el Washington Post y las declaraciones de Bachelet sobre los derechos humanos “vulnerados” en las detenciones de exfuncionarios en los últimos meses le da aire al asunto, de nuevo, a nivel internacional… ¿Podrá Evo recuperar lo perdido? ¿Podrá hacerlo Luis Arce? La tarea es sin duda titánica. El resultado: el 3 de mayo.