Mesa fue la principal víctima de las irregularidades identificadas por una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha confirmado alteración de datos, a partir de la intempestiva suspensión de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y que luego derivó en un informe preliminar que obligó a Evo Morales de anular las elecciones, reemplazar a los vocales electorales del 20 de octubre y luego renunciar al presidencia del Estado.
La publicación del The Washington Post se conoció el jueves, un día antes que el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, informara de la apertura del proceso penal contra el expresidente Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera por delitos de fraude electoral.
El candidato sostuvo que su denuncia es consistente y la justicia debe sancionar, como manda la Ley a quienes intentaron burlar la decisión del pueblo” y ratificó su confianza en el informe de la OEA que concluyó que en las elecciones del 20 de Octubre hubo, “manipulación dolosa” y “parcialidad de la autoridad electoral”.
Asegura que aprovechando esa publicación, Evo Morales trata de tergiversar la verdad porque antes contó la historia de piratas de que había golpe de Estado, que es una falsedad y ahora pretende demostrar que no hay un fraude, cuando es obvio que 24 horas de apagón no fue circunstancial.
El análisis realizado por los especialistas en integridad electoral Jack Williams y John Curiel del MIT (Election Data and Science Lab), que concluye que “no hay ninguna evidencia estadística de fraude” y “al contrario, es altamente probable que Evo Morales haya pasado el margen de diez puntos porcentuales en la primera vuelta”.
Sin embargo Curiel fue vinculado al Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) donde trabaja como “analista principal de políticas” Guillaume Long, quien fue canciller del socialista Rafael Correa, expresidente de Ecuador y aliado ideológico de Evo Morales, lo cual pone en duda la imparcialidad del informe.